Martín Alonso
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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está abierto a estudiar fórmulas para compensar al socio privado de Emalsa, el fondo de inversión sueco EQT –controla el 66% del capital de la empresa a través de Nuinsa Inversiones SL y Saur; el otro 34% está bajo control municipal–, que reclama una contrapartida económica para hacer frente a los sobrecostes provocados por el encarecimiento de la energía, la tensión que sufre en la tesorería por la deuda que el propio consistorio mantiene con la compañía –reconocida, por ahora, en 31,5 millones de euros– y el largo periodo de tiempo acumulado sin revisar al alza las tarifas por el servicio.
Emalsa, empresa mixta que suministra agua a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida, celebrará esta semana un consejo de administración. Y sobre la mesa, a siete meses de las elecciones municipales, destacará la reclamación de EQT. Los partidos que forman el gobierno municipal no están por la labor de subirle la factura al ciudadano. Desde el PSOE advierten que “eso ahora no toca”; en Unidas Podemos aseguran que “por ahí no pasaríamos”; y en Nueva Canarias recalcan que “lo que se decida no puede repercutir en el bolsillo” de los vecinos del municipio.
A partir de esas dos posturas encontradas, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria –señalan desde diferentes sectores, incluso desde dentro la propia administración pública– no le queda otra que ceder para garantizar que Emalsa pueda prestar un buen servicio y, al mismo tiempo, pueda hacer frente a los costes que genera esos trabajos.
Entre las fórmulas que aparecen para que todas las partes queden satisfechas sobresale la posibilidad de subir el precio de las tarifas, pero que el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria bonifique a los clientes para que la factura final no ahogue aún más la economía de las familias del municipio en medio de un periodo de inflación.
Pase lo que pase en el consejo de administración de la sociedad, lo que se decidas debe pasar por tres filtros del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: junta de gobierno, comisión de pleno y pleno, donde debería contar con el apoyo de la mayoría para salir adelante.
El precio del agua ha estado muy presente durante los dos mandatos de Augusto Hidalgo como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. En el primero de los periodos, en 2017, el alcalde planteó la posibilidad de actualizar las tarifas: quien más consumía y quien más contaminaba pagaría más. Esa idea nunca se ejecutó. El año pasado el plan pasaba por bonificar y lograr que el cliente pagara por lo que consumía. Ese plan tampoco salió adelante.
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