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MIÉRCOLES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2022
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miércoles, 2 de noviembre de 2022
El caso, encontrado en el Fondo para la Reparación a las Víctimas, se suma a otro en la SAE, en donde la Fiscalía investiga pérdidas de bienes
Colombia pidió a las autoridades una auditoria a un fondo que administra bienes para indemnizar a las víctimas del conflicto interno armado, debido a irregularidades sobre casi 1.000 inmuebles en momentos en que el actual Gobierno busca atender a millones de personas afectadas por los grupos irregulares.
El caso, encontrado en el Fondo para la Reparación a las Víctimas, se suma a otro en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en donde la Fiscalía General investiga la supuesta pérdida de bienes incautados a narcotraficantes inicialmente avaluados en $25,7 billones (US$5.165 millones), que el presidente Gustavo Petro planea entregar a campesinos y mujeres.
El fondo se encarga de recibir de la Fiscalía General los inmuebles incautados a antiguos paramilitares de ultraderecha, para ofrecerlos en arriendo o venta al público y con esos recursos indemnizar a parte de los nueve millones de víctimas del conflicto armado que reposan en los archivos oficiales.
La nueva directora Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Patricia Tobón, reveló que se encontraron irregularidades sobre el manejo de 932 de los 2.346 bienes que administra el fondo, entre las que se incluyen cobros por alquiler de predios como casas, fincas y apartamentos de 4.000 pesos mensuales (poco menos de un dólar). Inmediatamente la funcionaria no reveló el valor de las propiedades con irregularidades.
“El otro punto que encontramos es que existe una ausencia de contratos de arrendamiento en algunos bienes ocupados, esto dificulta identificar el valor que se recibe por el bien, las utilidades que generan y algunos bienes están ocupados sin autorización o deteriorados”, dijo Tobón a periodistas.
“Cuando encontramos la administración de los bienes encontramos que no se efectuaban análisis de antecedentes (…) y hoy no sabemos con precisión quienes tienen esos bienes”, agregó.
En otro caso se encontró un cultivo de marihuana en una de las fincas bajo administración del fondo sin contar con autorización.
“Cuando asumimos la administración de los bienes evidenciamos que (…) no se efectuaba un análisis integral de los antecedentes”, afirmó Tobón. “Hoy no sabemos con precisión quienes son las personas, si hay testaferrato, si estos bienes están en manos de familiares a quienes se les incautó”.
Tobón dijo que la falta de recursos es la principal razón por la que solo se ha logrado indemnizar a un millón de víctimas en los últimos 14 años, de un total de 9 millones registradas.
Por su parte, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, reveló que solicitarán fiscales para atender la investigación de al menos 13 entidades en donde se han encontrado irregularidades, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento para la Prosperidad Social y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entre otras.
“La Secretaría de Transparencia de la Presidencia se va a encargar de liderar una auditoria forense en el manejo de los recursos (…) para ver cómo llegamos al fondo de estos casos”, aseguró.
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