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El próximo domingo 29 de octubre se llevarán a cabo las elecciones regionales en Colombia, lo que ha originado una gran cantidad de análisis sobre el panorama electoral del país, tanto de entidades nacionales como internacionales.
Este es el caso del banco estadounidense J.P. Morgan, que se refirió a cuáles podrían ser las implicaciones macroeconómicas de los resultados de este fin de semana, y también cómo los comicios podrían convertirse en un referendo sobre la aceptación de las políticas del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro.
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Para los analistas estas elecciones suelen tener mayor participación que el resto de procesos electorales que se viven en el país. La más reciente evidencia sobre este tema resulta de la comparación de los comicios celebrados en 2019 en los que la participación fue de 60.5%, con los de las elecciones para el Congreso de la República en los que se tuvo un 48% y la segunda vuelta de las presidenciales de 2022.
Este año se elegirán en total a 32 gobernadores, 418 diputados para las asambleas departamentales, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.513 ediles pertenecientes a las juntas administradoras locales.
La firma norteamericana empezó resaltando el cambio en la aprobación que ha tenido presidente de la República, Gustavo Petro, que empezó con una favorabilidad del 60%, pero que ha ido cayendo con el pasar de los meses. A esta caída en la imagen se le suma la pérdida de las mayorías en el Congreso de la República, los hechos de corrupción que se han destapado y que salpican al jefe de Estado, a varios de sus familiares y a varias de las personas más cercanas a él.
“Dada la rápida caída de la aprobación presidencial y la narrativa establecida para defender las reformas sociales (por y para el pueblo), las elecciones regionales están llamadas a ser más “nacionalizadas” que las anteriores”, indica el análisis de J.P. Morgan.
Así mismo, señala que desde algunos sectores políticos y de la sociedad en general, las elecciones territoriales son consideradas como una especie de referendo sobre el gobierno nacional. “Si el Pacto se comporta como sugieren las encuestas, es probable que el debate se centre en si el gobierno adoptará una postura más radical o una moderada que apunte a un ‘acuerdo nacional’”, se agrega en el análisis.
Otro de los factores que servirán para medir las políticas del Gobierno Petro en estas elecciones será la inflación, debido a que es una de las problemáticas que más preocupan a los colombianos. “El votante medio se ha mostrado consternado por la elevada inflación, que en Colombia ha resultado ser más alta y persistente que la de sus pares”, afirma J.P. Morgan.
La seguridad será otro de los temas clave, ya que en las más recientes encuestas de opinión el orden público y la inseguridad tienen un lugar especial dentro de las principales incertidumbres de la población, convirtiéndose en el más importante problema que existe en muchas ciudades sobre todo en las capitales.
“Fuentes apuntan a un aumento de las acciones violentas de los grupos armados. La seguridad, por tanto, tendrá algo que decir el domingo, lo que también podría incidir en la agenda de Petro”, afirman.
Del mismo modo el análisis destaca el comportamiento positivo que en muchos lugares ha tenido la oposición al Gobierno nacional. En el caso de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien es un candidato que es considerado de centro, ha ido creciendo en la intención de voto, frente a los otros candidatos. Esto se refleja en las recientes encuestas en las que se indica que Gustavo Bolívar, el candidato del Pacto Histórico, ha ido cayendo en los sondeos, posiblemente por la relación que tiene con el jefe de Estado y sus políticas, por lo que J.P. Morgan resalta que, perder las elecciones en Bogotá sería un duro golpe contra Petro.
“En cuanto a las reformas (salud, pensiones, laboral), si los resultados están más o menos en línea con lo que sugieren las encuestas, creemos que el Gobierno insistirá en mantener la estrategia de los últimos meses, tratando de conseguir apoyos para las reformas sociales en el Congreso sin negociar necesariamente con las cúpulas de los partidos”, concluye el análisis.
