¿Pagarán los extranjeros las pensiones? Ya ocupan el 40% de los nuevos empleos y marcan récord de afiliación

La migración se ha convertido en el plan B para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En las proyecciones del ministerio de la Seguridad Social -antes ocupado por Escrivá y ahora por Elma Saiz– la incorporación a la fuerza laboral de este tipo de trabajadores puede ser un salvavidas cuando llegue el momento en el que se jubile la generación del baby boom. En 2023, los extranjeros afiliados a la Seguridad Social han aumentado en 208.057, lo que supone casi el 40% del total, con lo que el año se cerró con 2.668.776 trabajadores migrantes inscritos en el sistema, nuevo máximo a cierre de un ejercicio.

Según los datos de afiliación divulgados por el ministerio, la Seguridad Social ha terminado el año con 20.774.625 trabajadores registrados en diciembre, el mejor dato de la serie histórica, después de haber sumado 533.731 trabajadores a lo largo de 2023. De estos, 208.057 afiliados eran extranjeros, por lo que las personas migrantes han ocupado cuatro de cada diez nuevos empleos creados durante el pasado ejercicio en nuestro país.

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Del total de extranjeros afiliados a cierre del año pasado, 826.013 procedían de países de la Unión Europea (32,3%) y 1.806.763, de terceros países (67,7%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Rumanía (333.334), Marruecos (323.143), Italia (175.743), Colombia (175.570) y Venezuela (148.928). Además, el sistema cuenta con 66.235 afiliados procedentes de Ucrania, 18.976 más que en enero de 2022, antes del inicio de la guerra emprendida en el país por Rusia.

Pero, lo realmente llamativo es el ritmo de crecimiento: el avance interanual de la afiliación extranjera ha cerrado el año en el 8,5%, un porcentaje casi tres veces mayor de lo que ha aumentado el empleo total, que en 2023 creció un 2,7%. Así, la mano de obra foránea alcanza ya los 2.668.776 ocupados, lo que supone el 12,8% del total de personas cotizando.

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De esta forma, la tendencia avanza un importante crecimiento de extranjeros que encuentran trabajo en nuestro país. Pero, ¿será suficiente? Los principales organismos internacionales, como la OCDE, ya han avisado a España de que la pirámide poblacional supone un importante desafío a la hora de garantizar la sostenibilidad de sistema. Según los cálculos de BBVA Research, España necesitará tener 28,5 millones de personas cotizando a la Seguridad Social en 2050 para poder pagar las 15 millones de pensiones previstas para esa fecha. Esto quiere decir que, en las próximas tres décadas, el sistema tendrá que sumar unos nueve millones de afiliados más de los que hay en la actualidad.

Lo cierto es que, la reforma de las pensiones, que incluye la indexación de estas prestaciones con el IPC medio anual hasta noviembre, está provocando un importante agujero en las cuentas de la Seguridad Social. A cierre del mes de noviembre del pasado año -últimos datos disponibles del Banco de España-, el organismo acumula una deuda de 116.172 millones, lo que supone un récord histórico. Esta cifra aumentó de manera considerable en el undécimo mes del año, sumando 10.000 millones de deuda por la partida para abonar la paga extra de las pensiones que se produce al final de cada ejercicio.

Asimismo, el gasto en pensiones superaba por primera vez en su historia los 12.000 millones mensuales el pasado mes de junio. El Ejecutivo de Pedro Sánchez derogó la reforma que aprobó el PP en 2012 por la que se limitaba el incremento de las pensiones a un máximo del 0,25%. Sánchez ha impuesto de nuevo el sistema antiguo: ligar la subida de las pensiones a la previsión para ese año de la inflación. Este año, un 3,8%.

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De esta forma, el país se encamina en su conjunto hacia la marca de un pensionista por cada dos trabajadores, pero hay algunas regiones que están más envejecidas y más ‘vaciadas’ que se acercan ya al límite de un trabajador por cada pensionista.

Las reformas que desde 2011 se vienen acometiendo para garantizar la sostenibilidad del sistema conllevan, en la mayoría de los casos, una disminución de las expectativas del importe de la pensión. La elevación progresiva de la edad de jubilación, mayor exigencia de años cotizados, la ampliación de las bases de cotización, o la concreción de un factor de equidad intergeneracional son medidas encaminadas a afrontar estas presiones, y que podrían reducir en los próximos años el importe de las pensiones.