El futuro de la reforma laboral en el Congreso continúa siendo incierto. En especial, luego de que ocho senadores de la Comisión Séptima radicaran una ponencia para solicitar el archivo del proyecto.
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Si bien la iniciativa aún no inicia con su trámite oficial en comisiones, muchos ya apuntan a que esta está prácticamente hundida. Una situación que aumentaría la tensión ya existente entre el gobierno Petro y el Legislativo por el rumbo y destino que han tomado varias propuestas gubernamentales.
En el marco del debate que ha generado esta situación, el Observatorio Laboral y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana compartieron una carta a la opinión pública con miras a ampliar y redimensionar la discusión en torno a las necesidades laborales del país y de un texto de reforma que aborde los retos que afronta este mercado actualmente.
En la misiva, los grupos académicos reconocen que la propuesta del Ejecutivo contiene aspectos positivos, como la extensión de la licencia de paternidad y la eliminación de obstáculos para la contratación laboral de migrantes. Estas medidas, destacan, pueden llegar a contribuir a mejorar las condiciones laborales y promover la equidad en el acceso al empleo en el territorio nacional.
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Informalidad en Colombia.
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No obstante, los observatorios también identificaron que algunas de las disposiciones expuestas en el proyecto podrían afectar negativamente el mercado laboral. Principalmente, si no se atienden los problemas estructurales del sistema, como el incremento de la no participación laboral y la informalidad.
“Sobre estas dimensiones, la reforma laboral que se estaba discutiendo carecía de mecanismos que llevara a mejorar las condiciones de los hoy excluidos de contratos laborales formales. Necesitamos una reforma laboral que legisle por ellos y logre que las personas que ganan debajo del salario mínimo puedan ganar más salarios en el tiempo”, destacan.
Por esa misma línea, los académicos señalan que este es el momento oportuno para dar inicio a una discusión más incluyente. Una invitación acompañada por una propuesta alternativa de reforma que, sin desconocer los aspectos positivos de la propuesta gubernamental, incorpora una visión integral.
De acuerdo con los autores, este ejercicio no solo considera el papel del sector privado como motor de la economía, sino que también busca garantizar un balance entre protección laboral y sostenibilidad empresarial, en coherencia con los principios del modelo constitucional.
Propuesta alternativa
La idea de esta propuesta, según explican, es la de responder de manera realista y efectiva a las dinámicas del empleo formal e informal. Para cumplir con ello, esta recoge los principios esenciales para modernizar el mercado de trabajo en Colombia.
“Creemos que este trabajo académico puede aportar ideas valiosas y contribuir a la construcción de una reforma integral, que impulse un mercado laboral más inclusivo, responsable y sostenible”, resaltan.
Uno de los ejes centrales de la propuesta, que se desarrolló a lo largo de estos dos últimos años, hace énfasis en la necesidad de diferenciar el salario mínimo según el tamaño de la empresa y la región, permitiendo que los sectores y territorios con menor desarrollo puedan generar empleo sin comprometer la viabilidad de las pequeñas empresas. Este modelo, además, garantizaría aumentos salariales progresivos y adecuados a la productividad y el costo de vida de cada zona, sin afectar la competitividad ni restringir la contratación.
La propuesta también considera fundamental ampliar la posibilidad de pactar el salario integral desde tres salarios mínimos en adelante (actualmente solo aplica desde diez), lo que traería múltiples ventajas tanto para empleadores como para trabajadores. El esquema también permitiría recibir una remuneración más alta y constante, ya que el 30% adicional sobre el salario base cubriría la prima de servicios, las vacaciones, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, y demás beneficios prestacionales.
Mercado laboral
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Los grupos, asimismo, señalan que esta medida simplifica la administración de costos laborales, reduciendo la carga administrativa relacionada con la liquidación periódica de prestaciones y recargos. El modelo no se implementaría de manera obligatoria, sino que se pactaría entre el empleador y el trabajador.
“En conjunto, estas medidas contribuirían a mejorar la calidad del empleo formal, aumentar los ingresos de los trabajadores, facilitar la gestión empresarial y fortalecer la estabilidad financiera tanto para empleados como para empleadores, promoviendo un mercado laboral más eficiente, flexible y equitativo”, añaden.
Esta iniciativa alterna también contempla la implementación de un seguro de desempleo, con el objetivo de garantizar estabilidad económica a los trabajadores (formales e informales) en caso de pérdida del empleo y fomentar la formalización laboral. Dicha figura sería de afiliación voluntaria y se financiará con un aporte del 0,5% del valor total de la nómina mensual de cada trabajador formal y con una prima de igual valor sobre los ingresos mensuales para trabajadores independientes.
“Nuestro objetivo es que esta propuesta sea discutida en la próxima legislatura con una visión equilibrada que promueva la formalización, impulse el empleo y garantice estabilidad para trabajadores y empleadores”, concluye la carta.
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