Si bien el mercado laboral en Colombia ha sido resiliente y pese a factores como la desaceleración y el temor entre los inversionistas, sigue generando nuevos puestos de trabajo, el debate en la actualidad se centra en los niveles de informalidad, dado que ocho de cada 10 puestos que se crearon en el último mes, hacen parte de este sector.
En diálogo con Portafolio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reconoció que esta problemática es un reto para el Gobierno Nacional y que están encaminando todos los esfuerzos para mitigarla y garantizar que los colombianos tengan acceso a condiciones laborales dentro de lo establecido por la ley, para mejorar su calidad de vida.
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¿Cómo va la lucha contra la informalidad?
Pues fíjense que las leyes, las reformas laborales —la del 2002 y la del 2000, creo— no lograron resolver el problema de la informalidad. La flexibilización del mercado laboral no ha reducido de manera importante, de manera significativa, la informalidad. Esta sigue estando en el orden del 56%.
Argumentar que la flexibilización del mercado laboral reduce la informalidad es demostrablemente impreciso. Más bien, lo que hemos hecho es reducir la capacidad adquisitiva de los trabajadores, precarizar el empleo, y eso tiene un efecto en la economía.
Armando Benedetti (Mininterior) y Antonio Sanguino (Mintrabajo) en el lanzamiento de la ‘Consulta Digital’.
¿Por qué?
Porque está demostrado que una menor capacidad adquisitiva de los trabajadores genera una menor demanda agregada y, por ende, una menor demanda de bienes y servicios. Eso tiene un efecto de contracción en el aparato de producción de la economía.
Y esto se descubrió desde la crisis de 1929-1930, la Gran Depresión. Salimos de esa depresión en el mundo precisamente por políticas de empleo que mejoraron las condiciones de ingreso de los trabajadores y trabajadoras en aquel entonces.
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¿Qué se necesita para reducirla?
Para reducir la informalidad, lo que se necesitan son políticas macroeconómicas que consoliden y fortalezcan el aparato productivo, para que ese aparato pueda generar no empleos precarios, sino buenos empleos y, cada vez, mejores empleos. Y, por supuesto, una exigencia clara para que las empresas no evadan sus responsabilidades de formalización empresarial y de formalización del empleo.
Nosotros venimos generando distintas iniciativas desde el Gobierno nacional. Una de ellas es el programa Empleos para la Vida, que es un programa de incentivos para aquellas empresas que vinculen a personas especialmente vulnerables, aquellas que enfrentan más obstáculos, bloqueos y barreras para acceder al mercado laboral formal: mujeres, jóvenes, personas en condición de discapacidad.
Los empleadores reciben entre un 20% y un 35% de un salario mínimo legal como incentivo por vincular a estas personas. Hemos entregado, en lo que va de este año, cerca de un millón de incentivos al aparato productivo, a las empresas que así lo han solicitado.
Informalidad
¿Qué más han hecho?
Tenemos pactos de formalización del empleo. Hemos hecho pactos con empresas privadas y estamos llevando a cabo también un proceso de formalización de empleados públicos. Porque la inestabilidad laboral, que arrasó con el contrato a término indefinido como regla general y lo sustituyó por el contrato de prestación de servicios, también afecta al sector público, al sector de la salud y a sectores clave de las instituciones públicas del país, sobre todo aquellas que garantizan derechos fundamentales.
El Plan de Desarrollo nos plantea como meta crear 100.000 empleos formales en las instituciones del Estado. Y venimos avanzando: hemos formalizado cerca de 30.000 servidores públicos que estaban en condición de inestabilidad o contratados a través de empresas temporales o con fórmulas de intermediación laboral, para convertirlos en trabajadores formales.
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¿Tienen una meta para la informalidad?
Para reducir la informalidad, estamos haciendo un gran esfuerzo por llevarla a niveles por debajo del 50%, y eso también podría viabilizarse si acogemos la propuesta que nos dieron desde la Contraloría, en relación con avanzar en un acuerdo nacional.
¿Cómo va la consulta popular?
Hemos estado recibiendo, tanto en la página del Ministerio del Interior como en las del Ministerio del Trabajo y la Presidencia de la República, miles de propuestas enviadas por jóvenes, ciudadanos y ciudadanas. Son preguntas, sugerencias de temas e iniciativas que, una vez finalice el proceso de recolección y recepción, procederemos a organizar y analizar.
Esto se hará en el marco de la revisión y consolidación de las preguntas que presentaremos al presidente de la República, y que posteriormente se radicarán como anexo a la solicitud de consulta ante la plenaria del Senado.
Pesos colombianos
¿Ya tiene temas concretos a consultar?
Nosotros venimos trabajando en varias propuestas de preguntas. El presidente de la República ya anunció una primera, relacionada con la jornada laboral hasta las seis de la tarde. Sin embargo, no queremos anticiparnos ni anunciar otros temas antes de recibir y revisar las propuestas ciudadanas.
Nuestra intención es dejar el escenario completamente abierto, para que sean los propios ciudadanos quienes nos indiquen los asuntos que desean ver consultados y sobre los cuales quieren pronunciarse.
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¿Van a incluir la reforma a la salud?
Hasta ahora, el presidente ha sido claro en señalar que no se trata de cualquier asunto, ni de un tema menor. Se enfocará exclusivamente en los temas que constituyen el alma y la columna vertebral de la reforma laboral.
¿Se cruzaría con las elecciones del 2026?
Para nada. Esos son fantasmas construidos desde la oposición inclemente que enfrenta permanentemente el Gobierno, especialmente desde la derecha política. Pero para que usted tenga claridad sobre los tiempos, los reiteramos: en la segunda mitad de abril se presentará la solicitud de consulta ante el Senado.
El Senado tiene un mes para pronunciarse. Si no lo hace, o una vez se pronuncie, el presidente puede convocar a los representantes y a la ciudadanía. Todo este proceso se proyecta para desarrollarse hasta agosto o, como máximo, septiembre de este año.
¿Hay plata para hacerla?
La Registraduría tiene en su calendario de este año una consulta de los partidos que se realizaría en el mes de octubre. Es decir, ya hay recursos previstos para llevar a cabo una consulta. Ahora bien, la dictadura es más barata —súper barata— porque no hay que elegir a nadie ni salir a votar.
La democracia, en cambio, tiene sus méritos y, por supuesto, también un costo. Pero los demócratas debemos entender que esos costos son necesarios para garantizar una ciudadanía activa y una sociedad en la que los ciudadanos participen en las decisiones que afectan su vida.
