Las autoridades de control repudiaron el atentado contra un batallón del Ejército en Cesar; la Defensoría reportó 22 uniformados y un civil lesionados, mientras la Procuraduría pidió esclarecer responsabilidades.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación rechazaron el atentado con explosivos que afectó en la noche del sábado 21 de noviembre al Batallón Especial, Energético y Vial número 2 del Ejército, ubicado en La Jagua de Ibirico, Cesar. Según la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 11:00 de la noche y generó un fallecido y varias personas lesionadas, cuya cifra exacta aún se encuentra en proceso de verificación por parte de las autoridades.
Reporte de lesionados y uso de artefactos
De acuerdo con el reporte de la Décima Brigada, los responsables del ataque emplearon rampas adaptadas para lanzar artefactos explosivos improvisados contra la instalación militar. La detonación produjo la muerte del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina. En las primeras horas, el Ejército informó que doce uniformados resultaron heridos. Posteriormente, la Defensoría señaló que los balances preliminares conocidos en la zona indican 22 militares y un civil afectados. La Procuraduría también hizo referencia a esa cifra en su pronunciamiento inicial, mientras las entidades continúan la consolidación de los datos oficiales.
Condena y llamados al Derecho Internacional Humanitario
La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su pesar por el fallecimiento del militar y envió solidaridad a sus familiares y a las personas lesionadas. En publicaciones en su cuenta oficial de X, la entidad manifestó preocupación por el aumento en el uso de tecnologías y dispositivos explosivos dentro del conflicto armado, así como por el riesgo que esta práctica representa para la Fuerza Pública y para las comunidades que residen en zonas donde se presentan enfrentamientos.
El organismo humanitario recordó a todos los actores armados su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario. En particular, insistió en la aplicación de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, con el objetivo de proteger a la población civil y limitar los daños causados durante las hostilidades. La Defensoría indicó que mantiene seguimiento permanente a la situación de orden público y a posibles emergencias humanitarias en el territorio.
Posición de la Procuraduría y contexto del ataque
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, también condenó el atentado y expresó el respaldo institucional del Ministerio Público al Ejército Nacional, a los heridos y a los familiares del soldado muerto. El jefe del organismo disciplinario pidió que se salvaguarden el respeto por la vida y la integridad de las instituciones estatales mientras avanzan las labores de verificación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.
El atentado ocurrió en un municipio del Cesar mientras las autoridades de control adelantan verificaciones sobre el orden público y las emergencias humanitarias en el territorio. Hasta el momento, las cifras de lesionados continúan siendo consolidadas, y las entidades reiteraron la necesidad de proteger a la población civil, a los heridos y a los miembros de la Fuerza Pública ante el uso de explosivos improvisados en la zona.
Fuente: El Nuevo Siglo






