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Los magistrados de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá se declararon impedidos para resolver el recurso de queja presentado por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra la juez Sandra Heredia, quien lleva su caso por presunto fraude procesal y soborno.
El recurso de queja fue interpuesto por el abogado defensor Jaime Granados luego de que la juez Heredia rechazara una solicitud de nulidad alegando violaciones al debido proceso.
La nulidad fue solicitada en el marco de la audiencia de acusación adelantada por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá por considerar que se habían infringido derechos fundamentales de la defensa del expresidente.
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Granados argumentó que la juez negó la anulación y la apelación en un tiempo inusualmente breve de 57 minutos, lo cual, según la defensa, constituye una violación al debido proceso. Durante la audiencia, la juez Heredia desestimó la solicitud de la defensa, calificando las pretensiones de “ostensiblemente infundadas” y rechazándolas de plano para asegurar la celeridad de las audiencias.
La jueza indicó que los recursos presentados buscaban dilatar el proceso, lo cual fue considerado como un abuso de la ley.
Debido a estos hechos, la defensa de Uribe presentó una queja ante el Tribunal Superior de Bogotá. El expediente fue inicialmente asignado al magistrado Carlos Andrés Guzmán, quien junto con otros miembros de la Sala de Decisión Penal se declaró impedido para resolver el recurso, recordando que en septiembre de 2023 ya habían emitido un pronunciamiento en torno al proceso contra el exsenador.
El expediente fue transferido a otra sala del Tribunal donde el magistrado Manuel Antonio Merchán evaluará el impedimento y determinará quién resolverá el recurso de queja interpuesto por la defensa de Uribe.
La Procuraduría General de la Nación también envió un concepto relacionado con el recurso de queja presentado por la defensa del expresidente antes de que se hiciera la acusación formal contra él. La queja insiste en que la solicitud de nulidad presentada fue negada sin darle el trámite correspondiente, lo cual, según la defensa, atenta contra los derechos procesales del exmandatario.
El concepto emitido por la Procuraduría fue firmado por el procurador tercero delegado para la Investigación y Juzgamiento penal, Bladimir Cuadro Crespo. En su informe, Cuadro Crespo asegura que “el Ministerio Público encuentra que el recurso de queja propuesto por la defensa del acusado se encuentra procedente y respeta las garantías fundamentales tanto del procesado como de los demás sujetos procesales”.
Para el procurador, “los argumentos esgrimidos en la decisión judicial objeto de recurso son de naturaleza sustancial mas no de una orden propia de impulso procesal”. Aunque el caso ya fue objeto de cosa juzgada constitucional, Cuadro Crespo insiste en la importancia de denunciar la vulneración de garantías fundamentales del procesado en momentos procesales clave, respaldando así la postura de la defensa del expresidente.
El caso que se lleva en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrentó un cambio significativo en su proceso judicial. La nueva fiscal a cargo es Marlene Orjuela Rodríguez, que reemplazará a Gilberto Villareal Pava. El cambio fue declarado por la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, no debido a la recusación de Uribe, sino por decisión institucional.
La petición del cambio de fiscal provino de un documento de 36 páginas presentado por el exmandatario en el que argumenta que hay seis causales para solicitar la modificación, destacando la necesidad de garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso. La recusación de Gilberto Villarreal, fiscal primero de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, señala específicamente la búsqueda de un proceso justo.
Orjuela Rodríguez, quien ahora se desempeñará como fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, tiene una trayectoria de 10 años en la Fiscalía y ha servido como magistrada en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Este cambio se implementa con la intención de fortalecer la imparcialidad en el juicio de Uribe Vélez.
El conflicto judicial de Álvaro Uribe Vélez se centra en las acusaciones de presunta manipulación de testigos y soborno. La Fiscalía General de la Nación formalmente lo acusó el pasado viernes 24 de mayo, y el caso avanzará hacia un juicio. Según el Código Penal colombiano (Ley 599 del 2000), los delitos en cuestión pueden implicar penas de prisión de entre seis y doce años.
El exmandatario ha solicitado activamente cambios en su proceso judicial para asegurar un trato imparcial, y esta reciente decisión apunta a mantener la transparencia y la objetividad en el sistema judicial.
