Argentina quedó al borde de caer en la lista gris del GAFI y una misión viaja esta semana para evitarlo

La Argentina quedó en peligro de caer en la lista gris de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), admitieron a Infobae fuentes oficiales. Este martes y miércoles, una comisión de funcionarios y expertos se reunirán en París para tener un encuentro “face-to-face” con el equipo evaluador antes de la emisión del Informe final que será circulado entre los países miembros del organismo. Allí intentarán defender los puntos críticos que aparecieron en un segundo informe, que se mantenía bajo reserva. De ahí saldrá el veredicto.

El temor es que, con un dedo para abajo, el país sufra las consecuencias económicas de esa mala valoración. Según un informe del Fondo Monetario Internacional, quedar en la lista gris implica hacer caer 7.6 puntos del Producto Bruto Interno.

En esa lista gris hoy están Venezuela y Mónaco, que no colaboran en el combate contra los capitales producto de delitos financieros, pero también otros como Croacia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Haití, Namibia, Nigeria, Senegal, Siria, Vietnam y Yemen.

Sin embargo, los optimistas señalan que no está todo por perdido. La misión que llegará se enfrentará a ese cara a cara con los evaluadores hará hincapié en la cantidad de condenas por corrupción y lavado de dinero (complica que solo se puedan mensurar condenas firmes, que demoran muchos años), y en la inclusión de la persecución de activos del terrorismo. Además tiene para exibir que Hamas y Hezbollah fueron inscriptas en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo cual debería posicionar a Argentina en un escalón más arriba que otros países de la región.

Pero los expertos se topan con una pelea más difícil y más llana: intentar que se comprenda que los argentinos culturalmente guardan los dólares debajo del colchón como un ahorro y no como un método de lavar activos.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés) es una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G-7, que fija los estándares internacionales y promueve la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), así como también otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz mundiales. Hoy tiene 40 miembros (38 jurisdicciones y 2 organizaciones regionales —la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo—), 9 miembros asociados —grupos regionales al estilo GAFI— y 25 organizaciones observadoras. La República Argentina es miembro pleno desde el año 2000.

Lo que se está evaluando es el período 2019-2023, toda la gestión de Alberto Fernández. En rigor, debió haber sido antes pero la pandemia y un pedido de postergación demoraron los controles. El año pasado se completaron algunos formularios en base a análisis de riesgo y el consejo evaluador.

La comitiva de GAFI vino a la Argentina en marzo pasado y se entrevistaron con distintos actores del sistema de prevención y coordinación nacional, con la Unidad de Información Financiera, con la Comisión Nacional de Valores, con el Banco Nación, la Superintendencia de Seguros, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ministerio Público y entidades privadas, como casas de cambio, bancos, fintech y los representantes de los colegios de Abogados, Escribanos y Contadores.

El resultado de la evaluación depende del alcance de un conjunto definido de logros, que son fundamentales para un sólido Sistema Preventivo Nacional de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP). Se obtienen de esos informes once Resultados Inmediatos (RI). “La efectividad del Sistema se define como la medida en que se logran los resultados definidos”, resumen los entendidos.

Para ese momento, se aprobó la ley que reformó el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), con más herramientas para el combate contra el crimen organizado, el cumplimiento de las obligaciones ALA/CFT por parte del sector privado y la adaptación a las nuevas tecnologías, y sus productos y servicios conexos.

Esas modificaciones dieron un impulso positivo a ese primer informe. De esos once puntos, diez habían sido considerados moderadamente cumplidos y uno solo había dado bajo. Fue un inicio auspicioso para el país.

Sin embargo, tal como estaba previsto, hubo un segundo informe y allí la valoración no fue tan optimista: de esos once puntos, siete salieron moderados y cuatro bajos, revelaron las fuentes consultadas por Infobae. Ese borrador circuló bajo reserva por despachos oficiales como la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia, el Banco Central y entre actores del sector privado y del Poder Judicial.

“No hay explicaciones oficiales sobre para semejante cambio -admitieron a Infobae conocedores del proceso-. Las versiones indican que ese primer informe había sido demasiado optimista: que sus resultados no estaban técnicamente fundados y que después los expertos no iban a poder sostenerlo ante un plenario. Además también impactó negativamente el alejamiento de Manuel Tessio, el segundo de la UIF en medio del proceso”.

Ahora se viene la última etapa para intentar defender los aspectos negativos del segundo informe. Están invitados funcionarios de la UIF, encabezados por Ignacio Yacobucci, del Banco Central, de la AFIP y del Ministerio de Justicia, junto al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, el juez Sebastián Casanello, el fiscal a cargo del área de lavado Diego Velasco y expertos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de Tomás Rodríguez Ponte.

Según pudo saber Infobae, uno de los puntos que hizo bajar la calificación en Argentina tiene que ver con la cantidad de condenas de lavado de dinero. Pero los expertos exhibirán que en el período analizado hubo 1726 investigaciones, de las cuales más de mil siguen en trámite y 530 cerradas. Se obtuvieron 81 condenas de lavado de activos.

Y resaltarán que no puede evaluarse los mismos resultados con otros países porque el sistema judicial que rige en Argentina, en comparación con la región. Recién ahora, Argentina está implementando el nuevo código que deberá simplificar el proceso y reducir plazos, pero eso rige solo en Salta y Jujuy y en Rosario y la semana pasada se puso en marcha en Mendoza.

Otro punto a destacar: el Consejo de la Magistratura de la Nación desarrolló una nueva funcionalidad en el Sistema de Gestión de Causas Judiciales Lex100, que estará habilitada a partir de la próxima semana para todos los tribunales federales del país. Se trata de un registro de todos aquellos bienes que se encuentren sometidos a una medida cautelar en el marco de un proceso penal, de conformidad con acordadas de la la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El registro estará ubicado en una solapa denominada “Bienes Cautelados”, y allí se presentará una tipificación de bienes: activos financieros, no registrables y registrables, acompañados con sus respectivas subclasificaciones. Así, en “Activos Financieros” se estipulan acciones, bonos, criptoactivos, dinero, entre otros. En “No registrables”: maquinarias, obras de arte, entre otros. En “Registrables”, rodado, inmueble, buque, etc. Es para que quede expuesta una mejor forma de carga, sistematización y procesamiento de la información existente sobre los bienes secuestrados y decomisados en causas penales.

“Afuera cuesta entender que el argentino ahorra en dólares. Compra dólares para tener si va a hacer un viaje o necesita cambiar una heladera. Los inmuebles o los autos se cotizan en moneda extranjera. Pero es difícil explicar para alguien que no vive acá que funciona así. La compra de divisas se asocia al lavado y aca no necesariamente es así”, razonó uno de los involucrados que participará de la comitiva.

Del éxito de la comitiva dependerá si la Argentina puede remontar o quedará en condiciones de caer en la lista gris. No es solo una cuestión cromática. Que un país tenga ese etiqueta es leído como un país no seguro en materia de financiamiento. El escenario hace que cualquier financiamiento externo se vuelva más caro, que se necesite más burocracia para operaciones de comercio exterior o que, por ejemplo, se le complique a ciudadanos tener una cuenta en el exterior afuera porque al banco internacional se le hace más engorroso tener clientes argentinos.