Con la presentación del dato de productividad, la próxima semana comenzarán oficialmente las negociaciones del salario mínimo en Colombia para el 2025, en un escenario que desde ya augura posiciones radicales entre los interesados, mientras que los analistas y universidades piden ser consecuentes con la realidad económica del país.
Con las centrales obreras apuntando a un incremento de dos dígitos y los empresarios en el terreno de la cautela y argumentando que han vivido un año poco favorable por culpa de la desaceleración, por ahora no se ve la posibilidad de un acuerdo, aunque todavía es mejor aguardar porque arranquen las sesiones de la Comisión de Concertación Laboral.
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En este sentido, uno de los datos que serán importantes para que empresas y trabajadores sienten sus posiciones es el de la productividad, ya que se suma al de inflación y con esto se tiene el punto de partida. Recientemente el Ministerio de Hacienda señaló que este indicador podría quedar en 6,2% (5,2% de costo de vida y 1% de productividad).
Sin embargo, en la previa a esta cita, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana publicó un análisis en el que advierte que hay varios factores que jugarían en contra del gran aumento que piden los sindicatos, entre esos la productividad, debido al paso lento que ha traído la economía nacional durante todo el año.
Estos investigadores comenzaron destacando que, más allá de revisar en cuánto sube enl salario mínimo, se debe analizar el impacto y efecto a gran escala, ya que sus cuentas demuestran que a pesar de los incrementos en el salario mínimo legal, estos no se han traducido en una mejora significativa de los ingresos de los trabajadores ni han impactado positivamente la estructura salarial en el país.
“Por el contrario, y a pesar de que se han realizado incrementos amplios al salario mínimo, a lo largo de la última década, el salario medio de la economía ha mostrado una ligera pero preocupante tendencia a la baja en su proporción respecto al salario mínimo”, manifestaron.
Concretamente, los tres elementos que no favorecerían en esta oportunidad las intenciones de un aumento considerable del salario mínimo, para el Observatorio, son tres: la informalidad, las desigualdades entre trabajadores y la falta de productividad. A esto se suma la falta de acceso a empleos formales que persiste como un problema estructural del mercado laboral.
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“En el sector informal, la situación es más crítica. En 2013, el salario medio de los trabajadores informales representaba el 93% del salario mínimo, pero en 2023 esta cifra se redujo al 78%. Esta disminución refleja que los incrementos en el salario mínimo no solo son insuficientes para mejorar la situación de los trabajadores en la informalidad, sino que pueden acentuar su vulnerabilidad”, dice el reporte.
En el informe se pone sobre la mesa que un aumento del salario mínimo sin intervenciones estructurales que fomenten la formalización y mejores condiciones laborales podría agravar las disparidades, al tiempo que recomiendan tener en cuenta que los trabajadores informales, que incluyen en su mayoría a mujeres y a personas de zonas rurales, representan uno de los grupos más vulnerables del país.
Una revisión general
Dicho todo lo anterior, el análisis sugiere prestar atención a la forma en la que actualmente se define el aumento de salario mínimo, que para el Observatorio Fiscal presenta características regresivas al imponer la misma carga salarial a todos los empleadores, sin considerar sus capacidades de pago, utilidades o el tamaño de sus operaciones.
“Esta medida uniforme genera una inequidad inherente: los empleadores con una mayor capacidad financiera no enfrentan un aumento proporcional a sus posibilidades, mientras que aquellos con recursos más limitados se ven presionados por exigencias desproporcionadas que pueden llevarlos a la informalidad o incluso a la quiebra”, explicaron.
En este sentido y planteando un camino que para ellos es “más equitativo” a la hora de mejorar los salarios y los ingresos de los trabajadores es la implementación de la negociación sectorial, adaptada al tamaño de las empresas; que promueva el crecimiento empresarial y de esta forma se haga frente a flagelos como el empleo informal.
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“Este enfoque permitiría que los sindicatos y empleadores con mayores capacidades de pago acuerden condiciones salariales justas y sostenibles, sin imponer cargas excesivas a las micro y pequeñas empresas. De esta manera, se fomentaría un incremento en los ingresos laborales de forma más equilibrada y se reducirían los riesgos de impactos negativos en las empresas más vulnerables, fortaleciendo al mismo tiempo la estabilidad económica y laboral del país”, dice el documento.
Por otra parte, recordaron que “la evidencia económica muestra que aumentos significativos en el salario mínimo legal pueden tener efectos adversos sobre los trabajadores informales, quienes representan el 55,9% de la fuerza laboral en el país”.
Aunque hasta el momento no hay una posición oficial de ninguna de las partes, los aumentos sugeridos van desde el 6,2% o 6,5% como se ha dicho desde el Gobierno Nacional, mientras que las centrales obreras dice que debe ser nuevamente de dos dígitos, argumentando que hay una deuda histórica con los trabajadores del país.
“Consideramos que el incremento del salario mínimo debe estar basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en el crecimiento medio de la productividad, como principios fundamentales para garantizar que el ajuste preserve el poder adquisitivo de los trabajadores y esté alineado con las capacidades económicas del país. Sin embargo, esta política salarial debe complementarse con un enfoque más regionalizado, que reconozca las diferencias económicas y sociales entre zonas urbanas, rurales y regiones específicas”, concluyeron.
Sindicatos y empresarios tendrán hasta finales de diciembre para ponerse de acuerdo frente a lo que pasará con el aumento del salario mínimo, que además del sueldo de dos millones de colombianos, es un indicador importante para definir otros elementos de la economía y tiene un impacto directo en la indexación, factor del riesgo de vida que piden cuidar.