Hablar del Sistema Nacional de Cuidado en Colombia es una conversación en la que inevitablemente resaltan la desigualdad, las brechas de género, la falta de reconocimiento de quienes se dedican a estas labores y entender que en un país tan diverso, las raíces culturales juegan un papel importante que hasta el momento no ha sido tenido en cuenta como debiera, por parte de las autoridades.
Prueba de esto es que el trabajo de cuidado y las labores domésticas representan una parte esencial de la economía, pero más del 40% del mismo corresponde a labores domésticas y de cuidado no remunerado, dejando a las mujeres como las más afectadas; puesto que seis de cada 10 horas que ellas se emplean en este oficio, son gratis.
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Si bien estas actividades permiten el funcionamiento de los hogares y sostienen el bienestar de la población, su valor sigue sin ser plenamente incorporado en las cuentas nacionales y la distribución desigual de estas responsabilidades impacta especialmente a las mujeres, quienes participaron con el 57,1% del total del trabajo a tiempo completo; mientras que para los hombres, es apenas el 42,9%.
Si bien a lo largo de la historia se han hecho diversos esfuerzos para corregir estas desigualdades, sólo hasta comienzos del 2025 se tuvo una hoja de ruta clara tras la aprobación del que se podría considerar como un ambicioso proyecto económico y social con el propósito de transformar la organización del cuidado en el país.
Cuidadores
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Se trata del documento CONPES de la Política Nacional de Cuidado, presentado el pasado 14 de febrero, en el cual se establecen 133 acciones a lo largo de los próximos 10 años, que vincularán a entidades como los ministerios de Salud, Educación y Transporte; además del Bienestar Familiar y Prosperidad Social, entre otros.
Su objetivo principal es garantizar el derecho al cuidado en condiciones dignas, promoviendo el reconocimiento de prácticas comunitarias y fortaleciendo el bienestar de las personas cuidadoras, especialmente en comunidades rurales y étnicas y reducir la desigualdad de género al reconocer la feminización histórica de estas labores.
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Un presupuesto histórico
El costo de este plan supera los $25,6 billones, con los cuales el Gobierno pretende consolidar un modelo de cuidado equitativo que abarque desde el fortalecimiento institucional hasta el cambio cultural; teniendo como prioridad la dignificación de las labores del cuidado y la protección y apoyo de las personas que ejercen estos trabajos.
Los mayores rubros son para el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que tiene la mayor asignación presupuestal, con un monto de $19,5 billones, seguido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con $4,2 billones; el Ministerio de Salud, que recibirá $557.808 millones y el Ministerio de Educación con $695.276 millones.
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Archivo EL TIEMPO
“La política nacional de cuidado reconoce a las organizaciones de cuidado colectivo y comunitario, así como a los procesos organizativos, étnicos, campesinos y territoriales con prácticas de cuidado propias, como sujetos de derechos en el marco del Sistema Nacional de Cuidado”, dice el documento Conpes.
Desde el Gobierno Nacional dejaron claro que este reenfoque que buscan para la economía del cuidado, parte de que a pesar de que desde hace más de una década el país ha adelantado intervenciones normativas y de política pública para garantizar el derecho a recibir cuidado y a cuidar en condiciones dignas; sigue sin mencionar los esfuerzos constantes de la población cuidadora, que ahora será protagonista también.
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Líneas de acción
Este nuevo plan, de acuerdo a lo estipulado en el documento oficial, contempla acciones orientadas a cuatro grandes ejes estratégicos que son el reconocimiento de prácticas comunitarias, el mejoramiento de las condiciones laborales de los cuidadores, la transformación cultural hacia la equidad y el fortalecimiento de la capacidad estatal para la atención del cuidado.
“Con las acciones que conforman el Plan de Acción y Seguimiento, las entidades responsables de la implementación de las acciones formuladas con motivo de esta política pública buscan contribuir al desarrollo de una sociedad cuidadora, desde las 99 perspectivas individual y colectiva del cuidado”, agregaron.
Pesos colombianos
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En dichas perspectivas se reconocen a las personas, hogares y comunidades, incluyendo a las organizaciones de cuidado colectivo y comunitario y procesos organizativos étnicos, campesinos y territoriales con prácticas de cuidado propias, como parte fundamental de la provisión social del cuidado.
Entre las acciones más destacadas está la creación de centros integrales de cuidado en zonas rurales, donde se brindarán servicios educativos, alimentarios y de atención psicosocial. Además, se implementarán campañas de sensibilización para promover la corresponsabilidad en el cuidado entre hombres y mujeres.
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Asimismo, se capacitará a las personas cuidadoras a través de programas del Sena, promoviendo su formalización laboral y acceso a derechos sociales, mientras que para las comunidades campesinas y pueblos étnicos, se establecerán programas específicos que respeten sus prácticas tradicionales y colectivas de cuidado.
Otro elemento a destacar de esta norma es que su impacto trasciende lo económico y busca generar cambios estructurales en la percepción del cuidado, argumentando que formalizar el trabajo de cuidado y dignificar a quienes lo realizan no solo contribuye a la equidad de género, sino que también impulsa el desarrollo económico local al generar empleo digno y mejorar las condiciones laborales.
Cuidadores
Estos no son cambios menores si se tiene en cuenta que por cada seis mujeres cuidadoras no remuneradas hay solo un hombre en la misma condición, y en zonas rurales la brecha se amplía a siete por uno. Además, por cada tres personas dedicadas al cuidado, solo una es hombre; realidad que muestra que no solo es desigualdad de género, sino también una carga desproporcionada sobre las mujeres en el sistema de cuidado.
Entre los retos a superar en el Gobierno para implementar este Conpes está que buena parte del presupuesto depende de la evolución económica del país y de las proyecciones fiscales a mediano y largo plazo y que si el contexto internacional se torna desfavorable, el Gobierno podría enfrentar dificultades para mantener el flujo de recursos necesarios.
No obstante, tener una hoja de ruta es un comienzo a destacar, puesto que se tiene una forma de medir qué tanto está avanzando el país en el desarrollo de esta política pública y qué tanto se están cerrando las brechas propias de este trabajo, que aunque en la mayoría de los casos no se pague, aporta al crecimiento económico.
