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El Gobierno ha retirado del Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, aprobado este pasado martes en el Consejo de Ministros, la medida que contemplaba una subida del precio del tabaco para acercarse al precio medio de los países europeos, según han confirmado fuentes del ministerio de Sanidad a Europa Press.
Estas mismas fuentes han señalado que Hacienda solicitó este requisito para llevar el Plan al Consejo de Ministros. La cartera que dirige María Jesús Montero ha considerado que, si se incluía esta medida en el Plan, se provocaría “un acopio del mercado”, por lo que “finalmente no aparece” en el documento, si bien Sanidad continúa con este propósito. “No se descarta hacerlo”, han asegurado desde el Ministerio.
El precio medio de una cajetilla en España permanecerá alrededor de los 4,5 euros y seguirá siendo uno de los precios más bajos que se pueden encontrar en la Unión Europea. Sobre todo si se compara con los más de 13 euros que puede costar en Irlanda o los 10 euros en Francia.
El Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 ya fue aprobado por el ministerio de Sanidad y las CCAA en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del pasado 5 de abril, después de superar Sanidad sus diferencias con algunas comunidades. En un primer momento, solo cinco Comunidades Autónomas, entre ellas Cataluña, Canarias y Navarra, se adherieron al plan.
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De hecho, antes del comienzo de la reunión, las CCAA gobernadas por el PP aseguraban que no se iban a adherir al Plan, si bien posteriormente llegaron a un consenso, tras incluir en el texto 160 de las 180 enmiendas presentadas por las autonomías antes de su aprobación.
Una de estas enmiendas, propuestas por los populares, era precisamente en sintonía con Hacienda, contraria a la subida de precios del tabaco propuesta por Sanidad. En concreto, el departamento de Mónica García propuso “impulsar el establecimiento de medidas fiscales consistentes en el incremento de los tipos impositivos de los productos incluidos en el ámbito objetivo de Impuesto sobre las Labores del Tabaco, a fin de lograr un incremento de los precios de dichos productos”. Las autonomías gobernadas por el PP plantearon como alternativa que estos beneficios se destinaran a la financiación de políticas de salud centradas en la reducción del tabaquismo.
De esta forma, el texto definitivo exponía que se iba a estudiar con el Ministerio de Hacienda “la forma en la que las modificaciones fiscales repercutirán positivamente en la financiación de medidas encaminadas a reducir la prevalencia de tabaquismo”.
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Pese a la eliminación de esta norma, el resto de medidas siguen en pie. Entre estas, destacan la ampliación de los espacios libres de humo -cuyos detalles exactos sobre su aplicación aún están por definirse- y un enfoque más estricto respecto al tabaco electrónico, con el objetivo de igualar en términos legales la publicidad, promoción y patrocinio de estos productos a las regulaciones ya existentes para el tabaco tradicional.
Para ayudar en la cesación tabáquica, el documento propone incluir en la Cartera de Servicios común del SNS la intervención en tabaquismo en el ámbito hospitalario; modificar los criterios de inclusión de las personas fumadoras en el programa de cesación del tabaquismo con fármacos financiados; y proponer la incorporación a la cartera básica de prestaciones farmacéuticas aquellos fármacos que, atendiendo a la evidencia científica, son adecuados para el tratamiento de la adicción al tabaco. En este sentido, Sanidad ya ha iniciado los trámites para introducir el empaquetado genérico, un objetivo también recogido en el Plan.
Noticia con información de Europa Press
