El sector cultural colombiano está sorprendido y desconcertado con el proyecto de reforma tributaria de Gustavo Petro. Además de los empresarios, que han manifestado sus preocupaciones, artistas, gestores culturales y, más específicamente, el gremio audiovisual teme que si esta pasa en el Congreso tal y como fue presentada, se desincentive la inversión en el cine colombiano.
“Es una reforma inconsulta con todo el sector cultura que afecta temas muy importantes de la dinámica económica y social, de intercambio, de las cadenas de valor. Dado que Petro ha anunciado que el suyo será un gobierno de conocimiento y cultura, tomó al sector por sorpresa”, dijo a EL PAÍS, Gonzalo Castellanos, promotor de políticas culturales y sociales en América Latina y quien ha participado en la estructuración de la mayoría de los incentivos culturales del país en los últimos 20 años.
Como está planteada la reforma, eliminaría los incentivos tributarios para el sector audiovisual que creó la ley 814 de 2003, conocida como Ley de Cine, que hace que quienes invierten en películas colombianas puedan deducir en su declaración de renta el 165% del valor aportado a una película. Acabaría también una incentivo de la Ley 1556 de 2012, para que las productoras internacionales que vengan a Colombia para hacer trabajos audiovisuales de cine, televisión, videojuegos y videoclips, puedan pagar menos impuestos.
“Ese mecanismo realmente lo que significa es una devolución a esas personas que vienen a invertir y a generar trabajo, contratar artistas, técnicos, servicios logísticos. Es toda una dinámica que ha hecho que al país ya tenga un interés de inversión en proyectos aprobados por 1.3 billones de pesos”, agrega Castellanos.
Ambas leyes han sido determinantes para el avance del cine colombiano. La primera impulsó la producción nacional al darle una financiación más autónoma, lo que permitió que se hicieran cerca de cuatrocientos largometrajes entre 2004 y 2022 y que la industria local se capacitara y actualizara; la aprobada en 2012 (luego modificada con el Plan de Desarrollo de Iván Duque, en 2019), permitió que se tomara al país como locación para producciones con estrellas de Hollywood, como Will Smith, Penélope Cruz y Antonio Banderas y Javier Bardem, entre otros.
Algo similar advierten diez exministros de cultura, de diferentes Gobiernos y orillas políticas, que enviaron una carta al Gobierno de Petro para que mantenga esos incentivos. La misiva firmada por Paula Marcela Moreno, Ramiro Osorio y Angélica Mayolo, entre otros exdirectivos de esa cartera, advierte que hacerlo no representaría un aporte al fisco. “Entendiendo la situación nacional, las prioridades del gobierno y las necesidades de eliminar privilegios que no sean sanos con las finanzas públicas ni con la redistribución social de la riqueza, consideramos que suprimir algunos de los mecanismos construidos para la cultura no aporta a este objetivo”.
Además de los incentivos al cine, la reforma también disminuye los ya precarios incentivos a las donaciones a las entidades sin ánimo de lucro de carácter cultural que, de acuerdo con los exministros, en tan solo dos años de vigencia ha resultado trascendental para todos los sectores, actividades y proyectos culturales en todo el territorio nacional. “Es algo que desincentiva cualquier interés de aportarle recursos a las entidades culturales en el país en teatro en danza, música, muchos de los cuales también trabajan en derechos humanos”, apunta Castellanos, y explica que estos mecanismos se concibieron para que aquellas personas que nunca invertirían en proyectos culturales “lo hagan y se ahorren una parte de los impuestos sobre esa plata, no sobre los impuestos generales”.
Otra de las preocupaciones es que se eliminarían también los incentivos de la llamada Ley de Creatividad, 1955 de 2019, que extendió el esquema del cine a la danza, la música y el teatro, para que cualquier persona que invierta dinero en un proyecto cultural pueda deducir el 165 % del valor que aportan a ese proyecto puntual. Son eventos como festivales que, de acuerdo con la carta, “de otra manera no tendrían ninguna otra fuente de financiación pública o privada”. Los exministros apuntan que, gracias a este instrumento, se han “canalizado inversiones por más de 174,000 millones de pesos, con una generación proyectada de más de 4.325 empleos y una proyección de aportes privados de 119.402 millones de pesos.
Aunque no lo mencionan los exministros en el documento, en el sector del libro también están preocupados porque el proyecto de reforma eliminaría la exención de renta que tienen los autores literarios, que no deben pagar el impuesto por el dinero que recibe por derechos de autor. “Esto no representa realmente ningún ingreso al fisco, pero afecta la cadena de valor del libro y la lectura, los autores editados e impresos en Colombia”, concluye Castellanos. El presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, Emiro Aristizábal, dijo a El Espectador que esto afectaría particularmente a autores nacionales que reciben pocos ingresos. “En Colombia hay muchos escritores, pero no tenemos otro Gabriel García Márquez, que representa unos grandes ingresos por derechos de autor (…) Por la escritura de sus libros, esos porcentajes de derechos de autor es lo que reciben por cada una de las ventas de sus obras. Y no son grandes sumas. Lo que la Ley del Libro ha buscado es estimular a nuevos escritores con esta exención de derechos de autor y lo que harían con esta reforma sería ponerlos a tributar, lo que creo que sería un golpe muy duro”, dijo.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha respondido que estudiará todas las preocupaciones sobre la reforma, y que no afectarán a la industria del cine. “Una cosa es la economía naranja y otra el sector del cine. La economía naranja terminó beneficiando al sector de hotelería, transporte, etcétera, no es la industria cultural. Soy partidario de apoyarla y, si nos equivocamos en la propuesta en materia de cine, ya he dicho: corregimos ese error”, dijo a la revista Semana. Aún faltan dos semanas para la radicación de la reforma, pero algunos representantes del sector cultural hicieron una proposición que presentará Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico y guionista.
“Reconsiderar es lo más razonable. Porque lo que hemos conseguido a lo largo de la historia con estos incentivos es hacer que la cultura, que siempre ha estado en la última fila de las prioridades de la hacienda pública, tenga una fuente de financiación autónoma. Si pasara como está, Colombia perdería un efecto multiplicador importantísimo, no obtendría mayores recursos para el fisco y en cambio, dejaría sin trabajos al sector de la cultura”, remata Castellanos.
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