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A tres meses de haber asumido el poder, Javier Milei y sus ministros apuran los relevamientos, auditorías, sumarios y denuncias penales sobre el estado en que encontraron al Estado, área por área. Algunas trascendieron, otras no. Esperan los resultados. Ejemplos sobran. En la secretaría de Medios, a cargo de Eduardo Serenellini, tropezaron con una deuda superior a los 11 mil millones de pesos en supuestas pautas publicitarias muy poco claras que se están analizado una por una.
En el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, actual Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que funciona en la órbita del Ministerio de Capital Humano, los auditores encontraron irregularidades que podrían terminar en los juzgados de Comodoro Py. Transferencias y subsidios por más de 10 mil millones de pesos por año que fueron destinadas asociaciones, bibliotecas, municipalidades, cooperativas, y personas físicas, y que la resolución que justificaba la erogación del Estado se armaba 18 meses después. Es decir, eran diseñadas para darle un marco al dinero que ya había sido otorgado.
Por ejemplo, se marcaron honorarios por casi dos millones de pesos para dar dos charlas sobre “perspectiva de género en la producción estadística provincial”. O para la organización de partidos de fútbol femenino. También está bajo análisis los más de 100 millones de pesos que en 2023 se destinó al Programa Generar, para “fortalecer la institucionalidad de género y diversidad en las provincias y los municipios de nuestro país”. Allí los beneficiarios eran las comunas que generaban las actividades. Pero faltan documentos que avalen que la actividad se desarrolló.
También se evalúan transferencias de fondos desde el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a asociaciones civiles que funcionan bajo la tutela de organizaciones civiles piqueteras y otras enroladas en la Unión Trabajadores de Economía Popular (UTEP) sin una debida justificación.
Bajo la lupa de los investigadores de la ministra Sandra Pettovello, hay subsidios y transferencias que fueron cursadas desde el programa “Acompañar”. En el organismo ya existían denuncias “por supuestas irregularidades en el otorgamiento de beneficios destinado a personas que han sufrido violencia de género y que se solventa con fondos del gobierno nacional”. Al parecer se otorgaban transferencias millonarias a municipios para ayudar a mujeres víctimas de violencia machista pero que habrían terminado en bolsillos de punteros políticos o personas que nada tenían que ver con el destino original de los fondos que había otorgado las ex ministras Elizabeth Gómez Alcorta y Ayelén Mazzina
La auxiliar fiscal María del Carmen Núñez, informó que las medidas en curso, algunas de ellas concretadas ayer al mediodía, tienen como objetivo “reunir evidencias que permitan establecer la posible responsabilidad de funcionarios u otros agentes en la entrega de dichos beneficios”.
Toda esta documentación, o la falta de ella está en estudio. Una vez concluido se resolverá si hay irregularidades que configuren un delito penal.
A cargo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el gobierno nombró a Claudia Barcia, quien aún se desempeña como fiscal Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según la resolución firmada por Pettovello el cargo que desempeña la fiscal, es “ad honorem”.
Como ya informó este medio, la administración de La Libertad Avanza denunció ante la justicia la presunta compra irregular por $65.289.274.180 de medicamentos de alto costo, como oncológicos y para HIV-SIDA, entre otras afecciones durante Alberto Fernández.
Se denunciaron sobreprecios, compras dirigidas, y direccionamiento en una treintena de empresas que parecen ser sellos de goma, farmacias y laboratorios a los cuales se los contactaban por mail.
Las multimillonarias compras, que eran subsidios para los sectores más vulnerables, se realizaron a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Un área que por decisión del ex mandatario fue trasladada del entonces Ministerio de Salud, a la ex cartera de Desarrollo Social.
En las últimas semanas el gobierno dio marcha atrás con esa decisión y retornó el área a Salud “de dónde nunca debería haber salido”, destacan en Capital Humano.
El ministro de Salud, Mario Russo, mantuvo luna reunión para solucionar la falta de medicamentos, por ejemplo, para el cáncer, en casos urgentes ya que la administración del Frente de Todos, “había frenado el suministro de esas drogas después de perder las elecciones”, según destacan desde la Casa Rosada. Algo similar sucedió con las licitaciones de alimentos para los comedores y merenderos comunitarios.
Desde desde la cartera sanitaria se afirmó que “en los últimos 10 días se avanzó en resolver 120 pedidos identificados como las más urgentes en base a criterios de auditoría médica. Y que, semana a semana, se seguirán concretando el otorgamiento de medicamentos a fin regularizar la totalidad de la demanda pendiente”.
“El objetivo es que la DADSE recupere su sentido fundacional, que es atender a la población vulnerable con cobertura pública exclusiva con el otorgamiento de medicaciones de alto costo, y en complemento de las respuestas que también deben ir dando los sistemas provinciales como responsables primarios”, adelantó el ministro Russo.
Entre otras organizaciones Russo se reunió con representantes de la Asociación Civil Sostén, de la Fundación Donde Quiero Estar, de la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) y de Esclerosis Múltiple Argentina (EMA).
También realizó un “llamado para presentación de presupuestos para asistencia directa” para distintas drogas que ya están en curso.
“Hostilidades”
La semana pasada, tal como anticipó Infobae, la ministra Sandra Pettovello cerró 59 Centros de Referencia (CDR) distribuidos en todo el país y que dependían de la ex cartera de Desarrollo Social que “funcionan como cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado”, según definió.
Los CDR se suponía que eran “espacios locales de gestión ubicados en diferentes puntos de nuestro país para acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales”, y que están “integrados por equipos profesionales que trabajan articuladamente con gobiernos provinciales, municipales, organizaciones y movimientos sociales con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas coordinan diversas líneas de acción, planes y programas del Ministerio”.
Después de un relevamiento Capital Humano entendió que esa función no se cumplía. La investigación que derivó en el cierre de esas 59 oficinas permitirá la recuperación de autos, celulares, rescindir contratos de alquiler y eliminar 600 puestos empleos. El ahorro es de unos 5000 millones de pesos al año. La tarea no parece sencilla ya que genera “hostilidades”. Veinticinco de los 59 CDR estaban ubicados en territorio bonaerense.
Este medio tuvo acceso exclusivo a la auditoría en la que se baso Pettovello para cerrar esos centros.
– “Tanto los vehículos como los locales de los CDR se utilizaban para hacer política más allá de sus funciones específicas de asistencia pública”, se destaca en uno de los informes. “En los locales de varios CDR, por ejemplo, al cierre de las jornadas laborales se transformaban en horario nocturno en virtuales unidades básicas”, precisa el documento.
-”Se están investigando irregularidades en relación con un posible uso abusivo de las tarjetas de combustibles YPF en ruta asignadas a los vehículos”, se remarca en otro punto de la auditoría y se precisa que: “En una sola tarjeta se registraban en un mismo día muchas operaciones de carga de combustible que excedían largamente los consumos posibles de una sola unidad”.
-En cuanto a los vehículos que se desafectan, se trata de 42 unidades en funcionamiento, todos utilitarios y de las marcas Ford Ranger y Peugeot Partner, entre ellos se divide toda la flota. Las unidades para recuperar son en general 4X4.
-La recuperación de los vehículos está siendo realizada por Servicios Generales del Ministerio. Se comenzaron a recuperar primero los utilitarios de los ex CDR de Buenos Aires y alrededores. La recuperación de las unidades en provincias está en marcha también, pero es más lenta y hostil.
Desde la cartera de Sandra Pettovello explicaron que: “Servicios Generales redefinirá el destino de las unidades, sea que permanezcan en la flota de Capital Humano o deban ser rematadas o vendidas. Actualmente algunos de esos vehículos están siendo utilizados para hacer el relevamiento de comedores que actualmente realiza el Ministerio”.
El informe también destaca que:
-De los 59 locales en los que funcionaban las CDR, 20 eran locales de alquiler; 4 edificios propios del Ministerio funcionaban en Mar del Plata, Mercedes, San Nicolás y Trelew; 35 eran lugares conveniados con distintos organismos como Vialidad Nacional, Registros civiles provinciales, sedes de ANSES Y oficinas regionales de Parques Nacionales.
– En los casos de los inmuebles del primer grupo, se rescindirán los contratos de locación; los usos de los 4 edificios propios serán redefinidos; y en cuanto a los espacios conveniados –generalmente oficinas que funcionan dentro de otros organismos- se volverán a entregar a las reparticiones que las cedieron.
A partir del cierre de los 59 CDR la administración de La Libertad Avanza informó que : “Se despedirá a más de 600 empleados públicos que cobraban un total de 4.000 millones de pesos por año. También implica un ahorro en el gasto de 88 millones de pesos anuales en alquiler. Los vehículos desafectados representaban un gasto de más de 20 millones de pesos por año”.
“Los Centros recibían muy pocas consultas por día, en la mayoría de los casos no resolvían el trámite y sólo derivan a la gente a otro organismo”, le dijo a este medio un colaborador de Pettovello y agregó: “Son la imagen más clara de la burocracia del Estado”, afirmaron que “este hecho forma parte de los lineamientos que Milei. expuso el 1° de Mayo en el Congreso de la Nación. Es parte de la batalla contra la casta”, interpretaron.
Unidades de Gestión, afuera
Sandra Pettovello también decidió dejar de transferir los 17.183.910.509 que el año pasado la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz derivó a 281 Unidades de Gestión. Se trata de emprendimientos laborales que dependen de cooperativas, municipalidades u organizaciones de la sociedad civil, dónde los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo debían realizar las 20 horas de tareas semanales.
Los convenios entre esa ex cartera y los beneficiarios eran autorizados por la Secretaría de Economía Social que estaba a cargo de Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita. Dirigentes de la Coalición Cívica acusaron en la justicia a Pérsico por “estar de los dos lados del mostrador” ya que desde la función pública autorizaba millonarios convenios a cooperativas relacionadas con el Evita y otras organizaciones que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Según la auditoría que realizó la Libertad Avanza y a la que accedió Infobae los 17.183.910.509 fueron cursados a 281 Unidades de Gestión. De ese total, $11.925.954.904 estaban bajo el control de 144 cooperativas. La mayoría de ellas vinculadas a la UTEP. Entre ellas del Evita, Somos/Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y, entre otras, del Frente Popular Darío Santillán.
Solo dos Unidades de gestión pertenecen a una provincia, Misiones, allí recalaron $120.000.000. Otros $4.331.283.750 fueron otorgados a 110 organizaciones no gubernamentales, como “Néstor Vive”; “Fundación al Gran Pueblo Argentino Salud”; “Asociación de Trabajadores de la Economía Popular”, “Seamos Libres” o el “Obispado de San Justo”.
También fueron beneficiados con $806.671.855 un total de 25 municipios.
La que recibieron subsidios más abultados fueron intendencias peronistas como, La Matanza, con $124.350.000. San Martín, $56.500.000; Berazategui, $60.000.000; José C. Paz, 40.000.000 Escobar $32.180.800; Avellaneda, 32.180.800; y la municipalidad de Formosa, con 70.000.000.
También recibió beneficios por 55.050.000 la Asociación civil Mujeres del Evita. Otra de las organizaciones vinculadas a los movimientos sociales.
(FOTOS: Comunicación Senado)
A los principales dirigentes de estos movimientos populares y piqueteros Javier Milei los llamó “gerentes e intermediarios de la pobreza”. Pettovello decidió no solo sacarle el manejo del padrón de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, sino desfinanciar sus Unidades de Gestión que eran las encargadas de controlar a que las personas cumplan con la prestación. Lo hacían a través de planillas que se elevaban a la ex cartera de Desarrollo Social y, según las actuales autoridades “eran utilizadas para extorsionar a los beneficiarios para que asistan a manifestaciones y piquetes”. Si no lo hacían “forzaban su baja del programa.
Hace dos semanas el Gobierno también sustituyó el Potenciar Trabajo con dos nuevos programas: “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”.
Esta decisión, como la de quitarle a las organizaciones sociales la distribución discrecional de alimentos secos a sus comedores y merenderos sin control, tensiona aún más la relación entre los piqueteros y el gobierno de La Libertad Avanza. El martes tanto la UTEP como la Unidad Piquetera realizaran marchas en todo el país y el corte de cinco puntos de ingresos de la Ciudad de Buenos Aires.
Pettovello ya anunció que se mantendrá firme en su decisión de seguir auditando la gestión anterior, tal como ordenó Milei y no dialogar con los dirigentes sociales mientras mantengan las medidas de fuerza. En paralelo ya anunció licitaciones “transparentes” para la compra de alimentos y destinar “ayuda directa” a los comedores debidamente registrados. Una auditoría en curso revela que el 55% de los comedores y merenderos comunitarios relevados de manera presencia “no existen”.
