Durante los últimos días, gran parte de los reflectores de la opinión pública en Colombia se han centrado en la reforma laboral que impulsa el Ministerio del Trabajo y el debate que se ha generado por los efectos de esta norma. Sin embargo, hay una iniciativa que está más cerca de volverse realidad, a pesar de que acabaría con elementos como la tutela contra despidos injustificados.
Se trata del proyecto de ley No. 459 de 2024 (Cámara) – 051 de 2023 (Senado), conocido popularmente como la reforma al Código Laboral, que nada tiene que ver con la propuesta del gobierno Petro, pero que según denuncias hechas a Portafolio, amenaza con acabar con varios derechos importantes para miles de trabajadores.
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Paralelamente a la reforma laboral, dicha propuesta, que ya surtió tres de los cuatro debates, viene generando inquietudes entre los expertos en la materia, tal y como cuenta a Portafolio Carlos Andres Dussán, abogado laboralista y miembro de la junta directiva de Asolaborales, quien reconoció que el país necesita un cambio de este tipo, pero advirtió que como se está haciendo, generará un impacto mayormente negativo.
“Lo que se está haciendo es una reforma al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que no es otra cosa que la herramienta que proporciona las reglas del juego para resolver los conflictos; a los abogados, a los jueces, a los trabajadores y a las empresas, frente a los procedimientos judiciales. Esto era algo necesario para eliminar formalismos excesivos, agilizar los procesos y garantizar una tutela judicial efectiva”, destacó.
Congreso de la República
César Melgarejo / EL TIEMPO
Aunque importante, desde Asolaborales advierten que las cosas no se están haciendo correctamente como lo que calificaron como una “contrarreforma” que quitará protecciones y beneficios a los trabajadores, mientras la reforma del Mintrabajo hace todo lo contrario. Si bien son conscientes de que es un tema difícil de explicar, enfatizaron en que sí o sí se debe poner en el centro de la agenda.
“Recordemos que el trabajo, por virtud del artículo 25 de la Constitución, es un derecho protegido en forma especial, y gracias a esto se dio la orden a los jueces, a las entidades, al Estado, a los empresarios, de que protejan el trabajo en forma especial. Esto significa que hagan lo que tengan que hacer para garantizar la estabilidad de las personas en esta materia”, explicó Carlos Dussan.
Los más afectados
Uno de los renglones que más preocupa a estos expertos es el de la estabilidad reforzada, con la cual se cobija a trabajadores que se encuentren en circunstancias de especial protección, como aquellos que hayan sufrido violencia en el trabajo y presentado queja ante el comité de convivencia laboral, quienes tengan problemas de salud, pre-pensionados, y mujeres en embarazo o en período de lactancia.
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“Para esas personas, la jurisprudencia ha establecido que la acción de tutela es una acción procedente para lograr lo que se conoce comúnmente como el reintegro. Cuando existe un despido injustificado o caprichoso, como lo denominan las normas laborales, este mecanismo se convertía en una primera defensa y ahora, por eso el mensaje de urgencia, se acabaría con este proyecto”, denunció Dussán.
Por otra parte, destacaron que muchos de los principios fundamentales del derecho laboral han sido ignorados, puesto que, al revisar los artículos, la reforma desconoce que “la disciplina del derecho del trabajo busca corregir las profundas desigualdades generadas por el sistema productivo y social. A diferencia del derecho civil, donde se busca garantizar la igualdad jurídica entre las partes, el derecho laboral se fundamenta en la protección del trabajador, por ser la parte más vulnerable”.
Portafolio se dio a la tarea de revisar el texto de esta norma, que actualmente se encuentra para debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y constató que, frente a la tutela, la propuesta es que pase de este trámite exprés a lo que se conoce como el “proceso ordinario”, por lo que perdería la prelación dentro del sistema judicial. Así mismo, se recortan los tiempos para recolectar las pruebas y presentar un requerimiento formal, de 3 años a solo 6 meses, o el proceso prescribirá.
Trabajadores
Fuente: IStock
“La reforma limita las categorías de trabajadores protegidos, dejando fuera a grupos que ya han sido reconocidos por la Corte Constitucional, como aquellos con estabilidad ocupacional reforzada, fuero de salud, el fuero de paternidad y el fuero para madres y padres cabeza de familia”, informaron desde Asolaborales.
El proyecto también suprime el plazo de 3 meses establecido actualmente para celebrar la audiencia de conciliación, contado a partir de la notificación del auto admisorio, lo que para Asolaborales afecta seriamente la celeridad del proceso.
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“Si ya existen demoras significativas bajo la normativa actual, la ausencia de un plazo específico podría agravar aún más la situación, afectando la eficiencia del proceso y poniendo en riesgo la tutela judicial efectiva”, manifestaron.
Otro elemento que preocupa, según Carlos Dussán, es que “establece que los trabajadores solo podrán solicitar medidas cautelares si presentan una caución equivalente al 20% del valor de las pretensiones de la demanda. Esta exigencia es desproporcionada, ya que muchos trabajadores carecen de los recursos económicos suficientes para costear una representación legal adecuada, y mucho menos para cubrir el costo adicional de una caución”.
Justicia.
Archivo Portafolio
Afectaciones al fuero sindical, desconocimiento de los principios de favorabilidad, gratuidad, no discriminación y el principio protector, favorecimiento procesal de los empleadores, así como una reproducción literal de muchos elementos negativos de Código General del Proceso; son parte de las denuncias que se dieron a conocer en contra de esta reforma; hacen parte del llamado de Asolaborales.
“A los trabajadores, con la reforma laboral, se les pretenden devolver los derechos que hace 33 años deberían tener, derechos que se los han quitado históricamente y ahora con este proyecto de ley, que pretende reformar el Código Procesal del Trabajo, sin duda alguna también se afectan derechos fundamentales”, concluyó Carlos Dussán.
Ante la inminencia de que este proyecto pase en el Congreso, desde Asolaborales manifestaron que el único camino viable que les queda, es esperar que el presidente Gustavo Petro objete la norma o que se caiga en la Corte Constitucional, debido a las vulneraciones de derechos que conlleva.
