Este jueves 1 de mayo se conmemora una jornada más del día internacional del trabajo. A propósito de esta fecha, el Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo) publicó un informe sobre la estructura laboral en Colombia.
(Lea: Baja el desempleo, pero la informalidad en Colombia aumenta).
De acuerdo con este análisis, bajo el gobierno Petro el mercado laboral sigue igual o peor.
“Más rebusque, menos empleo formal, industria en retroceso y millones sin garantías”, concluye el nuevo informe de Cedetrabajo.
La cruda realidad
Según el centro de estudios, el mercado laboral colombiano no tiene capacidad para absorber a una de cada cinco personas disponibles para trabajar. La desindustrialización y la reprimarización del aparato productivo han llevado a la clase trabajadora a condiciones laborales cada vez más precarias.
Este mercado enfrenta limitaciones estructurales profundas que obstaculizan la generación de empleo formal, digno y suficiente. La baja tasa global de participación y la alta subutilización de la fuerza laboral reflejan un sistema que excluye a millones de personas, especialmente mujeres, jóvenes y habitantes rurales, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a empleos estables y bien remunerados.
El debilitamiento de la capacidad productiva, resultado del retroceso industrial y el énfasis en sectores primarios, ha empujado a la mayoría de los trabajadores hacia ámbitos de alta informalidad y baja calidad laboral, como el comercio y la agricultura tradicional. Aunque recientemente ha aumentado el empleo asalariado, esto no se ha traducido en una mejora sostenida en la calidad del trabajo. Al mismo tiempo, la disminución del número de empleadores y emprendimientos evidencia una preocupante pérdida de dinamismo económico.
(Vea: Ocho de cada 10 nuevos puestos de trabajo en el país son informales).
Las desigualdades de género y edad siguen marcando el acceso al empleo, con brechas significativas en participación, ocupación y remuneración. A esto se suma la sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado que recae sobre las mujeres, así como el elevado número de jóvenes que no estudian ni trabajan, lo cual evidencia la urgencia de políticas públicas inclusivas que promuevan la capacitación, la formalización laboral y el fortalecimiento del tejido productivo.
Colombia necesita una estrategia integral de transformación productiva y laboral que recupere la industria, fomente el emprendimiento y garantice condiciones de trabajo dignas, en especial para los sectores históricamente marginados. Solo así será posible reducir la exclusión y construir un mercado laboral más justo y sostenible.
Informalidad
Archivo particular / El Tiempo
Desindustrialización, precariedad y exclusión
La participación laboral en Colombia ha mostrado una recuperación lenta y desigual tras los efectos de la pandemia. Aunque la tasa global de participación (TGP) ha mejorado desde 2021, aún está lejos de los niveles anteriores a la crisis, lo que refleja una recuperación limitada del mercado laboral.
Este fenómeno, acompañado de altas tasas de informalidad y precariedad en la ocupación, evidencia que muchas personas —especialmente mujeres, jóvenes y habitantes rurales— siguen excluidas de empleos formales y dignos.
La ausencia de un crecimiento estructural del empleo, junto con la desindustrialización y el debilitamiento de los emprendimientos, subraya la necesidad urgente de políticas públicas que promuevan la creación de trabajos de calidad.
La alta proporción de personas fuera de la fuerza laboral, en particular quienes se dedican a los oficios del hogar o han dejado de buscar empleo por falta de oportunidades, representa un desafío significativo para el mercado laboral colombiano.
Las mujeres, que asumen la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado, siguen marginadas de la fuerza laboral, perpetuando las desigualdades de género y frenando un crecimiento económico verdaderamente inclusivo. Al mismo tiempo, la elevada cantidad de personas que han abandonado la búsqueda de empleo refleja el desaliento ante la falta de oportunidades, lo que agrava aún más la desigualdad y la exclusión.
(Aquí: Tasa de usura sube en mayo: cómo quedaron los intereses para créditos en el país).
Es necesario implementar políticas que fomenten la inclusión laboral, especialmente para mujeres y jóvenes, mediante programas de capacitación, acceso a empleos formales y garantías laborales que permitan una transición efectiva hacia el trabajo. Solo así será posible reducir la brecha en la participación laboral y aprovechar el potencial humano actualmente inactivo.
Participación laboral: una recuperación lenta y limitada
La tasa global de participación (TGP) es uno de los principales indicadores para analizar la dinámica del mercado laboral. Esta tasa mide la proporción de la población en edad de trabajar (15 años o más) que participa activamente en el mercado, ya sea trabajando o buscando empleo.
En Colombia, la TGP ha presentado históricamente fluctuaciones asociadas a los ciclos económicos. Durante el período 2003-2012, el país alcanzó sus mejores registros del siglo XXI, con tasas superiores al 68 %, en un contexto de crecimiento económico sostenido y expansión del empleo. Sin embargo, esta tendencia se ha revertido en la última década.
En febrero de 2025, la TGP se ubicó en 64,7 %, el mejor registro desde 2019, pero aún por debajo de los niveles previos a la pandemia y muy lejos del umbral histórico del 68 %. Si bien esto representa una mejora frente a 2021, cuando la TGP cayó a 62,5 % debido a los efectos rezagados de la crisis sanitaria y económica, el ritmo de recuperación ha sido extremadamente lento: apenas 2,2 puntos porcentuales en cuatro años.
El leve crecimiento de la TGP ha estado acompañado de una recuperación del empleo y una reducción del desempleo. Sin embargo, esto no necesariamente indica una mejora estructural del mercado laboral. Parte del aumento en la participación puede estar impulsado por la presión económica que obliga a más personas a buscar ingresos, incluso en condiciones informales o precarias.
Si esta tendencia persiste, el país necesitaría al menos seis años más para recuperar el nivel histórico del 68 % registrado entre 2003 y 2012, lo que llevaría la recuperación hasta 2031. Esto evidencia un estancamiento estructural en la reincorporación de la población al mercado laboral.
La TGP actual refleja un mercado laboral que aún no absorbe plenamente a la población disponible para trabajar. La persistencia de brechas estructurales —como la baja participación de mujeres, jóvenes y habitantes rurales— limita el potencial de recuperación. Superar esta situación exige políticas públicas que amplíen la oferta de empleos formales y dignos, especialmente en sectores estratégicos de la economía.
Las ciudades con más informalidad fueron Sincelejo (66,2%) y Cúcuta (65,8%).
Menos industria, más precariedad
¿Estamos generando empleos de calidad o simplemente multiplicando puestos de trabajo precarios?
Los datos sugieren que, aunque la economía colombiana continúa creando ocupación, lo hace a costa de una creciente fragilidad laboral para millones de personas. La menor participación de sectores productivos como la industria y la agricultura tecnificada en la actividad económica limita la posibilidad de transformar el empleo en una vía efectiva para mejorar las condiciones de vida de la población trabajadora.
Uno de los cambios más significativos en el mercado laboral colombiano en las últimas décadas ha sido la transformación de su estructura productiva. El país ha atravesado un proceso de desindustrialización que ha debilitado la capacidad del aparato productivo para generar empleos formales. Este fenómeno ha venido acompañado por una reprimarización de la economía.
La evidencia más clara de esta transformación se observa en la ocupación por rama de actividad económica. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), el sector que más empleo genera actualmente en Colombia es el comercio, con cerca de 4 millones de personas ocupadas, lo que representa el 17,6 % del empleo total. Le siguen las actividades agropecuarias, que emplean a 3,3 millones de personas (14,2 %). Estos sectores comparten características preocupantes: altos niveles de informalidad, baja remuneración y escasa protección social.
(Además: Minhacienda autorizó a Ecopetrol para que contrate un crédito por US$500 millones).
En tercer lugar, se ubican las actividades de administración pública, defensa, salud y educación, con aproximadamente 2,8 millones de personas ocupadas (12 % del total). Aunque este sector presenta mayores niveles de formalidad en comparación con otros, enfrenta desafíos relacionados con la contratación tercerizada, la precarización del empleo público y los recortes en el gasto social.
La industria manufacturera, que durante décadas fue uno de los pilares del empleo formal en el país, hoy ocupa apenas a 2,5 millones de personas (10,7 % del total de ocupados) y continúa perdiendo participación en el mercado laboral. Esta caída refleja las consecuencias de una política económica que ha favorecido las crecientes importaciones sin una estrategia industrial clara, debilitando la producción nacional frente a la competencia externa.
Otras ramas que completan el panorama del empleo en Colombia son las actividades artísticas, recreativas, deportivas y similares, con 2 millones de ocupados (8,6 %), y las actividades profesionales, científicas y técnicas, que agrupan a 1,8 millones de trabajadores (7,7 %), en su mayoría por cuenta propia, independientes o pequeños emprendimientos sin garantías laborales.
En conjunto, las principales ramas de actividad mencionadas concentran el 92,4 % del empleo total. Sin embargo, este predominio no se traduce en calidad laboral: muchas de estas actividades operan en condiciones de informalidad, con bajos salarios y sin estabilidad laboral.
Brechas de género en el mercado laboral colombiano
Las brechas de género constituyen una de las desigualdades estructurales más profundas del mercado laboral colombiano. A pesar de ciertos avances en participación laboral, las mujeres siguen enfrentando barreras significativas que limitan su acceso a empleos formales, estables y bien remunerados. Estas desigualdades se evidencian en indicadores como la tasa de participación, ocupación, desempleo y salario.
Archivo Portafolio.
Dinámica laboral: brechas persistentes en participación y empleo
El mercado laboral colombiano presenta marcadas desigualdades por género y edad. Mientras el 76,5 % de los hombres en edad productiva participa activamente (es decir, están ocupados o buscando empleo), solo el 53,8 % de las mujeres lo hace, lo que revela una brecha de 22,7 puntos porcentuales. La situación es aún más crítica entre los jóvenes (15 a 28 años), cuya tasa de participación alcanza apenas el 55,4 %.
Estas diferencias se agravan al observar las tasas de ocupación: el 70,4 % de los hombres disponibles logra emplearse, frente al 46,5 % en mujeres y el 46,1 % en jóvenes.
Más preocupante aún es la situación del desempleo: las mujeres enfrentan una tasa del 13,4 %, es decir, 5,4 puntos por encima de la de los hombres; en los jóvenes, la tasa asciende al 16,8 %, más del doble del promedio masculino. Estos datos confirman que, a pesar de su ingreso al mercado laboral, mujeres y jóvenes enfrentan mayores obstáculos para acceder a empleos formales y estables.
Además, las brechas en participación, ocupación y desempleo se profundizan cuando se consideran factores como el autorreconocimiento étnico y la ubicación geográfica. Las mujeres afrocolombianas, indígenas y rurales enfrentan barreras adicionales en el acceso al trabajo.
Brecha salarial de género
El salario sigue siendo uno de los indicadores con mayor desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral colombiano. En promedio, las mujeres ganan un 6,3 % menos que los hombres. No obstante, esta brecha varía significativamente según las condiciones sociales y geográficas.
(Aquí: Dólar volvió a superar la barrera de los $4.200, tras nuevo dato del PIB de EE. UU.).
Por ejemplo, entre las personas sin estudios, las mujeres ganan apenas $60,70 por cada $100 que reciben los hombres. En zonas rurales, el ingreso femenino alcanza los $71 por cada $100 masculinos. Si las mujeres tienen hijos menores de 18 años, su ingreso promedio se sitúa en $89 por cada $100 de los hombres. En el caso de las trabajadoras de media jornada, la relación baja a $66 por cada $100 que ganan los hombres.
Brecha de la Población Fuera de la Fuerza de Trabajo (FFT)
En Colombia, un total de 14,5 millones de personas se encuentran fuera de la fuerza de trabajo (FFT). Este segmento está compuesto por individuos que, por diversas razones, no están trabajando ni buscando empleo activamente.
Del total, el 55,5 % se dedica a oficios del hogar, y la mayoría son mujeres. Esta cifra refleja la desigualdad de género en la distribución del trabajo no remunerado, especialmente en el ámbito doméstico, que continúa siendo una carga desproporcionada para las mujeres en el país.
El 23,1 % de las personas fuera de la fuerza de trabajo declara estar estudiando. Este grupo incluye a una gran parte de la juventud colombiana que, por su vinculación a la educación formal o técnica, no participa activamente en el mercado laboral. Si bien la educación representa una inversión a largo plazo, el alto porcentaje de estudiantes también evidencia la baja inserción laboral juvenil.
Por otro lado, el 10,7 % de esta población ha abandonado la fuerza de trabajo por razones de salud, jubilación o por contar con ingresos pasivos, lo cual limita su participación económica.
El 10,7 % restante corresponde a personas que han desistido de buscar empleo en el último mes de referencia. Se trata de personas desalentadas por la falta de oportunidades, la percepción de que no vale la pena buscar trabajo o la creencia de que no tienen opciones viables de inserción laboral.
Tasa de desempleo y subutilización de la fuerza laboral
El desempleo en Colombia no afecta a todas las personas por igual. Aunque la tasa oficial es un indicador relevante, no refleja plenamente la magnitud del problema, ya que muchas personas no figuran como desempleadas, pero enfrentan dificultades para conseguir un empleo adecuado.
En particular, mujeres y jóvenes suelen experimentar mayores obstáculos para acceder a empleos dignos y estables. Por esta razón, es necesario ir más allá de la tasa oficial y considerar otros indicadores que den cuenta de la subutilización de la fuerza laboral.
En Colombia, una de cada cinco personas que podrían trabajar no consigue un empleo estable o suficiente. Las cifras oficiales no revelan toda la situación: hay 3 millones de personas desempleadas (sin trabajo), 2 millones que trabajan menos horas de las que necesitan (empleo insuficiente), y 1,6 millones que han dejado de buscar trabajo, aunque aceptarían uno si se les ofreciera.
Sumando estos grupos, el 22,7 % de la población en edad y capacidad de trabajar se encuentra en situación laboral crítica. Es decir, cerca de 7 millones de colombianos no logran acceder a un empleo digno y estable.
Esto explica por qué tantas personas sobreviven mediante trabajos informales, “rebusques” o empleos mal remunerados. El problema no es solo el desempleo, sino la falta de oportunidades reales para trabajar con salarios justos y jornadas completas.
Mientras el país no genere empleos de calidad, la crisis laboral seguirá afectando a millones de familias.
El mercado laboral de los jóvenes
El desempleo juvenil es uno de los aspectos más preocupantes del mercado laboral colombiano, ya que casi duplica el promedio nacional. La tasa de desempleo entre jóvenes es 6,4 puntos porcentuales más alta que la tasa general, lo que refleja las grandes dificultades que enfrenta esta población para acceder a empleos formales.
Además, uno de cada cuatro jóvenes entre 15 y 28 años no estudia ni trabaja, lo que equivale a 2,74 millones de personas fuera del sistema educativo y sin ocupación. Este grupo representa el 24,7 % del total nacional de jóvenes en edad de trabajar, y pone en evidencia la crisis en la transición hacia el empleo formal y estable.
El autoempleo es una de las alternativas que impulsa el crecimiento del empleo juvenil, ya que el 33,7 % de los jóvenes ocupados son trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, esta modalidad está marcada por altos niveles de informalidad y escasa estabilidad laboral, lo que demuestra que, aunque los jóvenes están ingresando al mercado laboral, lo hacen en condiciones precarias.
Informalidad laboral y contratación por OPS
La informalidad laboral es uno de los problemas más persistentes en el mercado laboral colombiano, afectando a más de la mitad de la población ocupada. Según los datos más recientes, el 56,8 % de las personas empleadas se encuentran en condiciones de informalidad, es decir, no realizan aportes a la seguridad social.
Este fenómeno es especialmente pronunciado en las zonas rurales, donde alcanza niveles alarmantes. En centros poblados y rurales dispersos, la informalidad llega al 85,7 %, lo que refleja una profunda desigualdad en las oportunidades laborales entre zonas urbanas y rurales, así como una clara falta de acceso a empleos formales y estables fuera de las grandes ciudades.
Panorama general de la contratación
En el sector público, una modalidad que ha ganado terreno en los últimos años es la contratación por OPS (contratos de prestación de servicios). En 2024, el 14,9 % de los trabajadores del Estado están vinculados bajo esta modalidad, lo que equivale a 161.767 personas de un total de 1.174.183 empleados públicos.
Aunque los contratos OPS deberían ser excepcionales, en muchas entidades públicas se han convertido en la norma, incluso para funciones misionales esenciales. Esta práctica, además de ilegal, es problemática, pues dichos contratos no garantizan derechos laborales básicos como la seguridad social, las vacaciones o la estabilidad en el empleo.
Este tipo de contratación ha tenido un impacto económico significativo. En 2024, los contratistas firmaron 207.459 contratos por un valor total superior a $7 billones. Esta forma de vinculación presenta serias deficiencias, como la falta de estabilidad laboral y la renovación constante de contratos, lo que genera una seguridad precaria para los trabajadores y dificulta la planificación institucional a largo plazo.
Algunas de las entidades con mayor número de contrataciones por OPS son el SENA, que en 2023 vinculó a 32.713 personas por un costo de $1,2 billones; el Dane, con 16.733 contratistas, y el ICBF, con 8.795.
Una característica clave de este sistema es su expansión a nivel territorial. En 2024, el 65,8 % de los contratos por prestación de servicios fueron firmados por entes territoriales, con pagos que superaron los $8,6 billones.
Esto evidencia que la tercerización no es exclusiva del nivel central, sino que se ha convertido en un problema estructural en las regiones, donde los controles son más débiles y aumenta el riesgo de malas prácticas y falta de transparencia.
Aunque las mujeres representan el 54,8 % de las personas contratadas bajo esta modalidad, existe una clara brecha de género en la adjudicación de contratos mejor remunerados. Solo el 35,8 % de los contratos superiores a $25 millones son asignados a mujeres, mientras que los hombres reciben el 55,9 % de estos contratos.
Esta disparidad refleja una desigualdad persistente tanto en las oportunidades de empleo como en la remuneración dentro del sector público, lo que subraya la necesidad de implementar políticas más equitativas.
Consecuencias de la tercerización laboral estatal
El modelo de contratación por prestación de servicios genera múltiples efectos negativos tanto en el mercado laboral como en la calidad del servicio público.
En primer lugar, promueve una precarización laboral generalizada: las personas vinculadas bajo esta figura no cuentan con derechos laborales fundamentales, como seguridad social integral, vacaciones, primas, estabilidad o posibilidad de hacer carrera administrativa.
En segundo lugar, contribuye a una pérdida de calidad en el servicio público, debido a la alta rotación de personal, la ausencia de incentivos y la constante pérdida de conocimiento institucional, lo que afecta directamente la eficiencia y continuidad de los servicios.
Por último, este modelo fomenta la opacidad en la contratación. La fragmentación y temporalidad de los contratos dificultan el control ciudadano y facilitan prácticas clientelistas, profundizando la falta de transparencia y alimentando la corrupción en la gestión pública.
