La informalidad laboral es el resultado de un conjunto de políticas públicas que generan incentivos para que las empresas se mantengan pequeñas o para que las personas sigan trabajando por cuenta propia.
Para superarla, se requiere un cambio profundo en la regulación que favorezca la productividad y el crecimiento sostenible de la economía.
En ello coincidieron Santiago Levy, Senior Fellow no residente en Brookings Institution, y Cristina Fernández, profesora de la Universidad del Rosario, quienes participaron en el panel “¿Qué transformación requiere el mercado laboral como vehículo para el crecimiento?”, en el marco del Congreso Empresarial Colombiano organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que se desarrolló recientemente en Cartagena.
Al analizar por qué el país no logra que su economía crezca a buen ritmo, Levy afirmó que el problema central de Colombia no es la inversión ni el capital humano.
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A su juicio, se desperdicia mucho capital y recurso humano —sin desconocer los retos de capacitación— porque la inmensa mayoría de las empresas tiene muy bajos niveles de productividad y muchas personas trabajan por cuenta propia.
“México tiene un problema parecido y su crecimiento es mediocre, pese a que el desempeño en exportaciones es sobresaliente. Hoy vende más manufacturas que toda América Latina junta, pero el impacto en crecimiento y productividad es nulo porque la mayoría de sus empresas siguen siendo pequeñas”, señaló.
Santiago Levy, Senior Fellow no residente en Brookings Institution,
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En su concepto, el mayor error de ese país en los últimos 25 años ha sido no prestarle atención al mercado laboral.
Levy considera que la informalidad en Colombia refleja problemas regulatorios muy profundos, similares a los de Perú, Ecuador o México. Se trata de políticas públicas en materia laboral, impositiva, de seguridad social y de crédito que generan fuertes incentivos para que las empresas permanezcan pequeñas o para que las personas prefieran trabajar por cuenta propia.
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“¿Qué productividad puede tener una empresa con tres o cuatro personas? Si quiere capacitar a una, se quedaría sin el 30% de su fuerza de trabajo para producir… ninguna sacrificaría ese nivel de producción. Si son 100, es probable que lo haga. Y qué economía de escala puede haber”, cuestionó Levy.
Aseguró además que los países no han querido abordar este conjunto de regulaciones que deforman la estructura productiva. “Un país no puede crecer con el 3% de las empresas —en referencia a las grandes— mientras la mayoría permanece rezagada”, comentó.
Cristina Fernández, profesora de la Universidad del Rosario.
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También es una trampa de pobreza
Por su parte, Cristina Fernández advirtió que existe un problema de tejido empresarial. A eso se suma que más de 10 millones de personas trabajan por cuenta propia, un número equivalente al de asalariados, y que una buena parte lo hace en empresas pequeñas.
Con estos datos, se sumó al diagnóstico de Santiago de Levy: “existen incentivos para que las personas sigan trabajando por cuenta propia y para que las empresas se queden pequeñas. Ese es uno de los grandes problemas que tiene Colombia”.
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La académica resaltó que las cifras de quienes laboran por cuenta propia son alarmantes y representan una trampa de pobreza. “Se ha detectado que las transiciones de trabajadores por cuenta propia a asalariados son muy bajas. Tienden a quedarse así, no porque sea beneficioso, sino porque es difícil dar el salto”. A eso se suma el bajo incentivo a la capacitación, lo que incide en que se mantengan las condiciones de pobreza.
Sobre las razones de esta amplia informalidad, Fernández señaló que existen asimetrías regulatorias. Una de ellas es que para los informales resulta oneroso pagar seguridad social.
Los problemas de informalidad laboral es un mal de países como México, Perú y Colombia.
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¿Qué hacer?
Levy insistió en que se deben revisar aspectos como la seguridad social. “A una empresa se le exige inscribir a sus trabajadores en salud y pensión, mientras que a un informal el propio Gobierno lo afilia y les garantiza acceso a los mismos servicios del régimen contributivo”. Al formal o informal les dan los mismos servicios de salud, con la diferencia de que al primero se los cobran y al segundo ‘se los regalan’.
También cuestionó que existan reglas de juego en materia tributaria que beneficien a las pymes, pues esto desincentiva su crecimiento. “Las empresas que están en la orillita del umbral de esas legislaciones, lo último que quieren hacer es crecer, porque si cumplen con la ley, el cambio tributario las mata”, precisó.
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El experto propuso dejar de buscar una sola causa para resolver la informalidad. “Necesitamos diagnósticos sistémicos que identifiquen el conjunto de factores que están generando este problema y, después, diseñar una forma de empezar a abordarlos”. Recordó que en Colombia se han hecho más de 93 cambios en materia laboral entre 1991 —cuando entró en vigor la Constitución— y 2020.
Finalmente, Fernández consideró que es fundamental tener una visión integral de la problemática, con un análisis que articule las estadísticas sociales y las de productividad.
CONSTANZA GÓMEZ GUASCA
REDACCIÓN PORTAFOLIO
