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En los próximos días se celebrará la primera toma de contacto entre la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los sindicatos y las patronales para decidir la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2024. Cada una de las partes acudirá a la mesa con propuestas distintas que difieren no solo en el porcentaje de subida a aplicar, sino en cómo calcular el mismo y, a diferencia de otras ocasiones, todos los actores hacen referencia a que la actualización del SMI debe incorporar el aumento de la inflación.
Aunque este concepto pueda parecer un punto de consenso, no lo es, de la misma manera que la fórmula que proponen UGT y CCOO, ligar la subida del SMI a la inflación de los productos básicos, se inspira en la propia comisión de expertos organizada por Díaz para decidir las subidas del salario base. Según se refleja su último informe, de diciembre de 2022, los expertos señalaron el “impacto asimétrico” de la inflación y recomendaron que este fuera tenido en cuenta para evaluar en seis meses (junio de 2023) si era necesaria una nueva subida del SMI. Este ejercicio no se llevó a cabo debido a la interinidad del Gobierno por el adelanto de las elecciones generales.
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Los expertos no tenían encargado un análisis de los efectos de la inflación para calcular el SMI de 2023, pero consideraron oportuno incluirlo al menos en las recomendaciones. Según detallan, la subida de los precios en 2021 y 2022 impactó más en las rentas bajas, que son las que perciben el SMI. Esto se debe, además de a los menores ingresos disponibles, a que los productos básicos (alimentos y energía) se encarecieron más en esos años que la inflación general.
“El porcentaje de renta familiar dedicado a energía y alimentación por quintiles de renta reflejan de forma clara como el aumento de precios, al producirse en estos ámbitos, afecta más intensamente a las familias de menor renta, entre los que se encuentran los perceptores de SMI”, detalla el documento. En esta afirmación hay consenso académico, por ejemplo, la publicación “Deconstruyendo la inflación” de Funcas afirma que el proceso inflacionista de 2021 y 2022 ha “golpeado con mayor fuerza a los hogares con menor capacidad de gasto”.
El economista que firma el artículo, Desiderio Romero-Jordán, calcula un indicador alternativo al IPC (el IPCH) para medir los precios según la cesta de consumo en cada zona del país y por distintos grupos sociales. En su análisis concluye que el 80% de los hogares españoles soportó en 2022 un IPCH medio superior al IPC total y que los hogares del primer decil de renta, el más pobre, tuvieron el doble de incremento del IPCH que los del último decil, el más rico.
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De esto se deriva que, si lo que se quiere llevar a cabo es una subida del SMI para que sus perceptores mantengan el poder adquisitivo, como afirmó Díaz este jueves, se debería calcular qué inflación han soportado las personas que lo cobran. Según los distintos expertos, la inflación que tuvieron las rentas más bajas en 2021 y 2022 fue superior al IPC general, pero hay más dudas sobre si el diferencial sería positivo también en 2023 por la deflación de la energía. Esta se encareció más que el IPC general en 2021 y 2022, pero no en 2023: acumula una intensa bajada del 10,2% en los últimos 12 meses.
Además del escollo de la inflación, las partes tampoco se ponen de acuerdo en cuál es el salario medio y, por tanto, en cuál tiene que ser la subida a acometer para que el SMI sea el 60% del mismo. Los expertos de Díaz realizaron una estimación a partir de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, la Encuesta Trimestral de Coste Laboral y la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo, pero UGT prefiere los datos de Seguridad Social, la Agencia Tributaria y Eurostat. Algunas de estas fuentes incluso fueron rechazadas por los expertos, según explican en el informe.
En cualquier caso, el Gobierno terminará legislando una subida que esté en el rango que proponga el comité de expertos, que se volverá a reeditar en esta legislatura con “un mandato más amplio” pese a que ni los sindicatos ni las patronales están de acuerdo en contar con este órgano. Además, según avanzó Díaz, los expertos emitirán un informe específico sobre las consecuencias en materia de igualdad y desigualdad de las subidas del SMI en los últimos años.
Los datos publicados este viernes por el INE sobre deciles salariales reafirman el consenso académico ya existente sobre la reducción de desigualdad salarial tras las subidas del salario base de los últimos años. Según esta estadística, el salario medio del primer decil, el que menos cobra, ha aumentado un 29,88% entre 2018 y 2022, aunque sigue en una cifra muy baja (623,30 euros). En el mismo periodo, el salario medio del décimo decil ha crecido un 4,57%, hasta los 5.019,08 euros.
