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La ampliación hasta la estación de Renfe del Tram de Alicante o el estudio para su implantación en Elx son algunos de los proyectos contemplados en los presupuestos.
Enrique Bolland
En números redondos, el 37% de la población valenciana reside en la provincia de Alicante. El demográfico no es el único criterio a tener en cuenta a la hora de confeccionar unos presupuestos públicos, pero la inversión per cápita sí es un dato relevante y muy significativo cuando se contempla un periodo de varios años.
La patronal alicantina ha venido denunciando la discriminación sufrida en el reparto de las inversiones estatales esgrimiendo ese dato. Y aunque en los presupuestos autonómicos también solía ocurrir lo mismo, los representantes de la CEV admitieron ayer que en los tres últimos ejercicios esa tendencia se ha corregido. En las cuentas de 2023, de hecho, Alicante recibirá el 40,9% (311,8 millones de euros), Valencia, el 47,5% (362 millones), con el 51,4% de la población; y Castellón el 11,7% (88,9 millones), lo que se ajusta casi exactamente a su porcentaje del censo.
En dinero contantes y sonante, eso supone que la inversión per cápita de la administración valenciana será en 2023 de 164,5 euros por habitante en Alicante, 154 en Castellón y 140 en Valencia. Claro que el dato está lejos de compensar la gran diferencia existente en el PIB per cápita, situado en apenas 20.116 euros anuales en Alicante, 24.088 en Valencia y 28.310 en Castellón.
Todo esto, a falta de conocer con más exactitud a qué dedica la Generalitat todo el dinero invertido, porque los analistas de Ineca destacan que, mientras hace años el porcentaje que especificaba el lugar donde se debía producir la inversión llegó a alcanzar el 70%, en el presupuesto actual el 51% no está territorializado.
El analista Francisco Llopis indica que “hay consellerias que tienen casi todo su presupuesto territorializado, pero en otras apenas está distribuido. Justicia y Obras Públicas tienen la mayor parte de su presupuesto individualizado; en cambio, otras como la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, apenas territorializa el 5% de sus partidas”.
Otra de las críticas formuladas por la CEV se refiere al nivel de ejecución de los proyectos, que cifra en un 61% para el conjunto de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos décadas, entre 2000 y 2021. Lo cual supone que cuatro de cada diez euros de lo presupuestado no se hace, y explica que algunas partidas, algunos proyectos, reaparezcan una y otra vez en ejercicios consecutivos.
El estudio de Ineca para la CEV incide en algunos aspectos que reforzarían la idea de que Alicante, pese a la corrección al alza de los últimos tres ejercicios, sufre un déficit acumulado respecto a la media de la Comunidad que repercute directamente en la calidad de sus servicios públicos. Es decir, menos gasto supone menos medios. Y pone varios ejemplos.
El más llamativo resulta ser el porcentaje de camas en las residencias de Tercera Edad. Alicante, que concentra el 38% de la población mayor de 65 años, posee son embargo el 32,9% de las plazas, mientras Valencia supera el 56% con apenas el 50% de la población mayor. Con menor diferencia, pero también a la cola de la Comunidad figura la provincia del sur en ratios como la de profesores por alumnos o médicos por habitante.
En términos económicos, el informe de Ineca, para el periodo 2000-2021, calcula un saldo negativo en inversiones por población de 623 millones de euros, mientras Valencia acumularía un saldo positivo de 335 millones y Castellón uno también positivo de 287 millones de euros. Pese a los datos recientes, según Ignacio Amirola, presidente de Ineca, se trata de “una cifra muy importante que el Consell debe continuar esforzándose en reducir”.
En conclusión, el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, cree que se debe “celebrar que por tercer año consecutivo el Consell ha respetado el criterio poblacional en las inversiones territorializadas para la provincia de Alicante, pero es necesario que pongamos el foco en la ejecución, que sigue siendo aproximadamente del 40%, porque tenemos que pasar de los papeles a la realidad”.
Para ello, Pérez propone reactivar “el Foro de Infraestructuras de la Comunitat Valenciana, que fue es una buena herramienta en la que administración y asociaciones del sector de obra pública y construcción pueden abordar soluciones a la ejecución de los proyectos prioritarios, pero hace mucho tiempo que no se reúne”.
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