Los altos costos y la inflexibilidad del mercado laboral que incorpora la reforma incentivarán aún más la desformalización del sector empresarial y “llevará a más personas a engrosar los programas sociales que viene promoviendo el gobierno, exacerbando aún más el ya desbordado déficit fiscal público”.
Así lo consideró Acopi, que planteó varios aspectos de los que considera son negativos en la iniciativa. Recordó que 13 millones (56,4 %) de las personas ocupadas siguen en la informalidad, de estos 8 millones son trabajadores por cuenta propia y 3 millones son empleados particulares, 12,1 millones (94 %) de estos informales se encuentran vinculados en las MiPymes.
Para el gremio, los costos directos de la reforma se estima que oscilan entre el 17 % y el 34 % dependiendo del número de horas extras, nocturnas y dominicales que tenga cada sector, del promedio de salarios pagados, del tamaño de las plantas de personal, de la convención colectiva vigente, del tamaño de la empresa, entre otras variables, y que estos incrementos pueden terminar generando un aumento en el desempleo que puede oscilar entre el 1,7 % y el 3,4 % y una caída en la formalidad que puede oscilar entre el 7 % y el 14 %.
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Para el gremio, la reforma incide negativamente en la competitividad del tejido empresarial, pues los mercados externos ofrecen productos subvencionados, o por el contrabando en sus diversas modalidades, o por los tratados desiguales de libre comercio o por los bajos costos de mano de obra de otros países, o la reducción unilateral de aranceles.
Pidió tener en cuenta las tendencias del mercado laboral y las expectativas laborales de las nuevas generaciones de trabajadores que buscan un equilibrio entre el trabajo y la vida personal a través de beneficios como la contratación por horas, la no exclusividad, el teletrabajo voluntario, los horarios flexibles, las facilidades para ingresar y retirarse de sus trabajos, entre otros, que no son recogidos en esta reforma.
Asegura que la iniciativa tiene un impacto fiscal “elevado que puede poner en riesgo la regla fiscal, por un lado, se incrementarán los gastos de funcionamiento e inversión, por los mayores valores que el Gobierno como empleador y contratante de bienes y servicios deberá hacer y que deberá incorporar al Presupuesto y la afectación de las utilidades de los contribuyentes, el aumento del desempleo, la baja de la formalidad y la desaceleración de la economía tendrán un efecto en el recaudo tributario”.
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