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Durante décadas, EPM se ha labrado con esfuerzo la reputación de ser una de las entidades más rigurosas del país a la hora de adelantar procesos de contratación. El alto nivel técnico de sus empleados, sus prácticas de transparencia y los estándares de calidad para seleccionar a sus contratistas han sido uno de los sellos de la compañía por mucho tiempo.
En menos de 9 meses, esa imagen se desbarató para una pequeña empresa dedicada a las consultorías ambientales y el tratamiento de residuos sólidos, cuyos dueños denuncian con extrañeza haber sido víctimas de varias anomalías en un proceso de contratación en Hidroituango que terminó declarándose desierto sin mayores explicaciones.
Aunque EPM defiende la transparencia del proceso, un oficio enviado por el oferente inconforme al vicepresidente de Proyectos Generación Energía, William Giraldo, sacó a flote un concurso marcado por abruptos cambios en el cronograma, curiosos requerimientos en los pliegos de condiciones y graves inconsistencias en una póliza de seriedad supuestamente registrada a nombre de Suramericana, que llegó como caída del cielo para su principal competidor, pero que ahora no aparece por ningún lado.
“Seguros Sura no expidió la póliza de seriedad de la oferta en el marco del proceso de contratación CRW 127706 al Consorcio Ambiental SG con vigencia del 21 de febrero de 2022 al 20 de junio de 2022”, desmintió la compañía Suramericana al ser consultada sobre el tema por EL COLOMBIANO.
Las claves del lío
El comienzo de esta historia se remonta a diciembre de 2021, cuando EPM lanzó un proceso de contratación para encontrar una empresa que hiciera un estudio para encontrar salidas al problema de la biomasa flotante en Hidroituango; es decir, la gran cantidad de plantas como el buchón de agua y la aparición de residuos que desde 2019 han aparecido en el embalse.
Según se lee en los documentos del proceso, identificado como el CRW127706, el contrato fue concebido para hacer una “caracterización” de esa biomasa y definir “la opción para su posible aprovechamiento, diagnóstico y/o optimización de su manejo”.
En el oficio enviado al vicepresidente Giraldo, el oferente inconforme, identificado como la empresa Kontrolgrün, cuenta que el proceso estaba programado inicialmente para cerrar la recepción de ofertas el lunes 21 de febrero, por lo que entregaron su propuesta un día hábil antes, es decir, el viernes 18 de febrero. Sin embargo, y sin previo aviso, ese mismo día EPM publicó una adenda en su portal de contratación extendiendo el plazo 35 días más; es decir, para el 28 marzo a las 4:00 de la tarde.
Aunque a simple vista este cambio no parecía muy importante, la empresa cuenta que esa primera extensión de los plazos implicó traumatismos, sobre todo por verse en la necesidad de extender una garantía bancaria indispensable para mantenerse en la puja.
En este punto de la historia debe hacerse un paréntesis, ya que pese a que en cualquier proceso de contratación pública tramitar una póliza o una garantía bancaria es parte del pan de cada día, en Hidroituango eso cambió desde la emergencia de 2018.
A raíz del alto riesgo que reviste cualquier actividad en el proyecto, tal como ocurrió por ejemplo en la licitación por las obras finales, el mercado asegurador le ha sacado el cuerpo a respaldar con seguros nuevos contratos, sin siquiera importar cuál sea su monto.
Al ser un contrato adelantado por EPM, además, debe resaltarse que muchos de los seguros contratados para las licitaciones deben hacerse a través de un programa conocido como Programa Póliza Matriz EPM que, palabras más palabras menos, consiste en un canal habilitado desde 2013 en el que la contratación de dichas pólizas se hace a través de EPM, buscando mayor agilidad, tarifas más competitivas y mayores garantías para la empresa de servicios públicos.
Regresando al proceso de contratación, tal como quedó registrado en diversas comunicaciones, el oferente denunciante, Kontrolgrün, cuenta que EPM le notificó desde el viernes 14 de enero que la póliza de seriedad para el concurso no se pudo tramitar con ninguna compañía, quedando como única alternativa buscar una garantía bancaria.
“Después de validar con las compañías Suramericana, Axa Colpatria y Confienza, estas informaron que no podrán otorgar las condiciones para la expedición de la póliza de seriedad, por este motivo la póliza no podrá darse en las condiciones del programa Póliza Matriz del Grupo EPM, esperamos poder colaborarles en otra oportunidad”, se lee en una comunicación expedida la Dirección de Seguros de EPM.
Sin más alternativas, Kontrolgrün empezó a buscar por donde conseguirse una garantía bancaria, logrando finalmente obtenerla con Bancolombia, con una vigencia que arrancaba el 21 de febrero y se extendía hasta el 20 de junio de 2022.
Aquel primer aplazamiento inesperado de EPM, retomó la empresa en su denuncia, implicó que la vigencia de esa garantía entrara en conflicto con los tiempos del concurso, por lo que tuvo que regresar a Bancolombia para pedir una prórroga. Tras tener la aprobación del banco, la misma fue extendida hasta el 25 de julio de 2022.
Creyendo resuelto el problema, el 14 de marzo la empresa reseña que volvió a presentar una nueva oferta, que empezó a ser revisada por EPM. Al final, solo dos empresas terminaron subiéndose al bus de la licitación para competir por el contrato.
Pese a que los meses empezaron a correr y todo parecía andar sobre ruedas, EPM volvió a dar un timonazo y el 18 de julio le notificó a los dos competidores que debían tramitar una prórroga en sus pólizas o garantías antes del 21 de julio, argumentando necesitar más tiempo para “profundizar el estudio de la propuesta”.
Ese pedido cayó como un baldado de agua fría para los concursantes, ya que, a diferencia de una póliza tradicional -cuyo trámite suele ser más ágil-, prorrogar una garantía bancaria es mucho más dispendioso; un problema claro para cualquier persona conocedora del mundo de la contratación.
Según puede leerse en la denuncia, ese mismo 18 de julio, la empresa envió una comunicación a EPM reprochándole que la tarea era imposible de completar en tres días. Pocas horas después, EPM respondió el mensaje y, consciente del lío, señaló que bastaba con presentar un soporte en el que constara el trámite de la misma.
Llegado el día cero, el 21 de julio, la empresa envió a EPM el certificado acordado, en el que aparecía que la prórroga ya estaba siendo estudiada por el banco.
Las cosas se mantuvieron así por algunas semanas, hasta que el 17 de agosto la empresa envió una nueva comunicación a EPM reseñando haber recibido una respuesta de Bancolombia en la que se les notificaba que la garantía no podía ampliarse una segunda vez, sobre todo por haberse pedido a quemarropa.
“… el día de hoy Bancolombia nos ha informado que no es posible realizar la ampliación de la garantía bancaria, porque se solicitó con muy pocos días hábiles antes de la terminación de la garantía. Nos dicen que está aprobada la realización de una nueva garantía bancaria. Agradezco que por favor nos informe cómo debemos proceder…”, escribió el representante de la empresa en el oficio.
A partir de aquel día las cosas empezaron a pasar de castaño a oscuro para Kontrolgrün, ya que luego de enviar la comunicación EPM entró en un silencio de varios días.
Preocupados por su suerte, la empresa reseñó en su denuncia que sus dueños se comunicaron telefónicamente con EPM el 30 de agosto para pedir explicaciones del concurso, recibiendo verbalmente la respuesta de que el mismo se había declarado desierto y que se estaba preparando una comunicación en ese sentido.
Una semana después, el 7 de septiembre, en efecto EPM envió a través de su portal de contratación, Arriba, un mensaje en el que se declaraba que el concurso se había terminado, sin adjuntar documento alguno dando explicaciones de la decisión.
Nubarrones de dudas
Tras pasar por todo ese camino lleno de obstáculos, la empresa empezó a atar cabos y quedó con un sinsabor por varios frentes, tal como se lee en el oficio entregado a Giraldo Jiménez.
Sin entender las razones de ese cierre inesperado, los dueños buscaron el 8 de septiembre a la gerente Ambiental y Social de EPM, Ana Milena Joya, para pedirle explicaciones. Tras la conversación, la empresa envió un oficio ese mismo día pidiendo de entrada una copia del informe de evaluación.
Luego de recibir varias comunicaciones en las que se omitía compartir los anexos, finalmente el 13 de septiembre EPM aflojó una copia de un documento rotulado como “Informe de evaluación contractual y ponderación de las ofertas presentadas”.
La primera sorpresa para Kontrolgrün surgió al toparse con una tabla en la que EPM resumía someramente la información entregada por los dos participantes del concurso, topándose con que su competidor directo, identificado como el Consorcio Ambiental SG, supuestamente tenía una póliza activa desde el 21 de febrero de 2022.
Este último dato, cabe recordar, llamó la atención de Kontrolgrün, ya que justamente la Adenda 3 emitida por EPM el 18 de enero (que extendió el plazo para la recepción de las ofertas) solo podía entenderse en un escenario en el que los demás competidores tuvieran problemas para conseguir sus pólizas.
Así mismo, otro detalle que terminó por romper la confianza es que la tabla reseñaba que el competidor había contratado su póliza de aseguramiento con Suramericana, por un valor de $100 millones; algo que no encaja tratándose del proyecto de Hidroituango. ¿Por qué su convertidor no tuvo que tramitar una garantía bancaria? Si ya se tenía subsanado el aseguramiento, ¿por qué EPM extendió los plazos?
En segundo lugar, los anexos enviados por EPM también incluyeron un informe de recomendación y aceptación de oferentes, en la que Kontrolgrün apareció con un puntaje de 100 sobre 100, sobre todo por presentar una oferta menor ($997 millones) al Consorcio Ambiental SG ($1.296 millones).
Bajo ese panorama, reseña Kontrolgrün, no habría mucho margen para no terminar siendo escogida para hacer el estudio, lo que arroja todavía más suspicacias.
Pensando en los múltiples aplazamientos imprevistos, el pedido a quemarropa de prorrogar su garantía en menos de tres días y su liderazgo en el puntaje, Kontrolgrün reseñó en su denuncia que la única razón lógica para explicar tantos problemas sería una posible estrategia para sacarlos del camino y luego abrir nuevamente el proceso.
“El único proponente que es afectado con la determinación de terminación del proceso es Kontrolgrün, dado que obtuvo 100/100 puntos de ponderación, entregó todos los documentos que se le solicitaron a tiempo, y es la Dirección Ambiental (de EPM) quien determina realizar una solicitud que sabría que no se podría cumplir para terminar el proceso”, plasmó la empresa en el oficio entregado a William Giraldo el 27 de septiembre.
Buscando más explicaciones, Kontrolgrün también envió un requerimiento a EPM pidiéndole reseñar el número de la póliza presentada por su competidor, pero la entidad se amparó en la protección de la reserva financiera y se negó a entregar información de la misma.
La póliza no aparece
A raíz de las múltiples inconsistencias, EL COLOMBIANO se dio a la tarea de verificar si la póliza reseñada en el informe de evaluación contractual en efecto existe y envió un requerimiento de prensa a Seguros Sura preguntando si el Consorcio Ambiental SG contrató una por un valor de $100 millones, con vigencia entre el 21 de febrero de 2022 y el 20 de junio de 2022.
En un pronunciamiento escrito Seguros Sura confirmó haber recibido una solicitud de expedición por parte de EPM, pero el 3 de marzo le notificó a la compañía no considerarla viable.
“Seguros Sura no expidió la póliza de seriedad de la oferta en el marco del proceso de contratación CRW 127706 al Consorcio Ambiental SG con vigencia del 21 de febrero de 2022 al 20 de junio de 2022”, consignó la compañía en su comunicado.
“Desde la Compañía se desconoce el contenido del documento oficial de EPM denominado Informe de Evaluación Contractual y Ponderación de las Ofertas Presentadas en donde se reseña la póliza, el nombre del consorcio, el periodo de vigencia de la misma y el nombre del representante legal a que se hace mención. Sin embargo, de mencionarse que Sura emitió la póliza de seriedad de la oferta, hemos de indicar que sería imprecisa o que no corresponde a la realidad”, agregó la aseguradora.
Por su parte, este diario también consultó con EPM preguntándole por qué declaró desierto el proceso, a qué razones obedecieron los cambios en los pliegos, qué información tenía para certificar que Consorcio Ambiental SG había contratado una póliza con Suramericana y qué respondía ante el señalamiento de estar presuntamente favoreciendo a un tercero.
Aunque EL COLOMBIANO insistió en preferir una entrevista, EPM optó por enviar una respuesta escrita en la que argumentó que decidió declarar desierto el proceso por encontrar información “imprecisa” por parte de los oferentes.
“(…) desde el equipo técnico se analizó el detalle de la experiencia solicitada y se evidenció que, en los pliegos de condiciones de la contratación, no quedó tan precisa para lograr que los oferentes no presentaran documentos imprecisos. Se buscó subsanar el requisito de participación experiencia presentado por los oferentes solicitando nuevamente aclaración de los documentos que acreditaban la experiencia, y las respuestas e información presentada por los mismos siguió siendo ambigua y sin ninguna claridad en el cumplimiento de lo exigido (sic)”, escribió EPM en un documento de prensa.
Sobre las múltiples adendas y aplazamientos, EPM señaló que decidió emitirlas para garantizar “la transparencia en todos los procesos”.
“En EPM se garantiza la transparencia en todos los procesos que publica, por lo cual, se puede observar que tanto las adendas, evaluación de ofertas y terminación del proceso, se hizo de manera imparcial y transversal para todos los oferentes, dando como resultado que ninguno de estos cumplía con los requisitos mínimos que la empresa exigía y por ende se declaró desierto, decisión que solo procuró salvaguardar los recursos de la Empresa”, agregó EPM.
Sin embargo, al referirse a la póliza se limitó a reseñar que el Consorcio Ambiental SG sí había presentado una póliza de seriedad, pero no entregó mayores detalles.
“El oferente competidor al Consorcio Ambiental SG si presentó la póliza de seriedad, acudiendo al mismo numeral y presentando garantía bancaria” respondió EPM.
Tras revisar la respuesta, EL COLOMBIANO pidió aclarar a qué se refería la empresa en el pronunciamiento y envió un requerimiento adicional consultando si el consorcio cuestionado presentó una póliza o una garantía bancaria, dado que en el informe de evaluación la misma no aparecía rotulada como una garantía.
Hasta el cierre de esta edición EPM se abstuvo de pronunciarse.
Preguntas pendientes
El caso vuelve a dejar en el aire la forma en cómo EPM viene adelantando sus procesos de contratación, que, distando mucho del rigor que caracterizó a la empresa en el pasado, cada vez están más cuestionados.
Tal como lo contó este diario en julio pasado, otro contrato que despertó suspicacias en Hidroituango fue uno de alimentación, firmado por $39.561 millones y que está lleno de múltiples denuncias por la mala calidad de los alimentos.
A una escala mucho mayor, la licitación por las obras finales de Hidroituango, que cerró su recepción de ofertas finales el pasado 7 de diciembre, también estuvo salpicada de dudas por los cinco aplazamientos aprobados por EPM y por varias modificaciones en los pliegos de condición, efectuadas a pedido de una de las empresas que hace parte de la única unión temporal que se presentó.
Para los dueños de Kontrolgrün, que por mucho tiempo fueron contratistas de EPM, la principal preocupación es que este tipo de episodios se sigan presentando y qué otras empresas se vean atrapadas en el caos en el que terminó el concurso por un contrato que no sobrepasaría los $1.000 millones, una cifra ínfima en comparación con lo que se ha gastado y se seguirá gastando en el proyecto de Hidroituango.
Si quiere más información:
Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en la investigación de temáticas locales. También cubro temas relacionados con salud, historia y ciencia.
