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El principal partido opositor de Tailandia, el reformista Avanzar, ha anunciado este viernes que se reagrupará bajo una nueva formación llamada Partido Popular, una decisión adoptada días después de que el Tribunal Constitucional del país dictaminara su disolución por considerar que violaba la ley de lesa majestad al criticar a la monarquía.
Así, el partido ha presentado un nuevo movimiento político con el que ha prometido “impulsar la plataforma progresista de su predecesor”, tal y como venía aventurado el líder del partido, Pita Limjaroenrat, que aseguró el miércoles que volverían “pronto” con un nuevo proyecto, según informaciones del diario ‘Bangkok Post’.
Avanzar se hizo con la mayoría de los escaños en las últimas elecciones tailandesas, si bien no logró formar Gobierno. Pitas, que cosechó grandes resultados electorales para la formación, acabó cayéndose de la coalición de gobierno por aspirar precisamente a reformar la ley de lesa majestad, una cuestión que sigue levantando ampollas en el país asiático.
Los 143 diputados que aún conservaban su escaño se han sumado ahora a este nuevo partido, que será liderado por Natthaphong Ruengpanyawut, de 37 años, que ha abogado por seguir adelante y “mantener la ideología de Avanzar” con la vista puesta en “lograr un gobierno de cambio para 2027”.
La disolución ha sido duramente criticada por la comunidad internacional y se enmarca en la lucha interna por el poder en Tailandia, donde se ven enfrentados los militares monárquicos y el ‘establishment’ con los partidos elegidos popularmente. Avanzar cuenta con el apoyo de numerosos votantes jóvenes y residentes de zonas urbanas.
Además, la decisión de la corte afecta también a una decena de miembros del comité ejecutivo del partido y supone la inhabilitación de Pita, que no podrá ocupar un cargo político en una década.
La ley tailandesa de lesa majestad es una de las más estrictas del mundo e incluye penas de hasta 15 años. Sin embargo, la Casa Real no suele hacer comentarios sobre esta legislación. Unas 270 personas han sido imputadas en virtud del conocido como Artículo 112 desde que se restableció en 2020, en respuesta a las protestas contra el gobierno militar.
