La reforma pensional sigue sin avanzar en el Congreso de la República, pero su sola presencia en el legislativo sigue generando preocupación entre los diferentes sectores de la economía y organismos de control, que siguen lanzando alertas por los inconvenientes que traerá consigo este proyecto, en caso de ser aprobado.
Este lunes 4 de marzo la Contraloría General de la República presentó un estudio en el que lanza fuertes reparos frente a la sostenibilidad de la pensional y las nuevas obligaciones que recaerían sobre Colpensiones, una entidad que actualmente no cuenta con la capacidad operativa para responder.
Carlos Mario Zuluaga (centro) era el vicecontralor.
Twitter: @CGR_Colombia
Esta entidad sostuvo que una de “las preocupaciones por nuestro Sistema es la cobertura de protección a la vejez, la cual dista de ser la mejor, al 2022 el SGPe más los Regímenes Exceptuados (RE) contaban con 26,6 millones de afiliados: 18,73 millones de afiliados (71,35%) en el RAIS, 6,78 millones (22,05%) en Régimen de Prima Media y 1,09 millones (6,6%) en Régimen Especial”.
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“No obstante, más de la mitad de este total de afiliados permanecen inactivos (54%), debido principalmente a la baja densidad de cotización, lo que indica que la mayoría no logra retornar al mercado laboral y muchos de ellos no podrán cumplir las condiciones para obtener una pensión”, explicó.
Reforma pensional
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Así mismo, sostiene que, en cuanto a los beneficiarios de pensión o asignación de retiro, a diciembre de 2022, únicamente el 34,1% de los adultos en edad de pensión (mujeres de 57 años o más y hombres de 62 años o más) gozaban de esta condición.
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Los programas de protección a la vejez, como Colombia Mayor y el programa de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS cubren al 26,05% y al 0,66% de los adultos mayores del país, respectivamente.
Reforma pensional
Sergio Acero Yate / El Tiempo.
“La segunda preocupación es la inequidad, la cual ha sido estudiada desde diferentes frentes, y ha traído como consecuencia un importante número de traslados entre regímenes pensionales: 164 mil personas entre 2018 y 2022 del RAIS al RPM, de los cuales el 67% corresponden a afiliados con un rango salarial menor a los dos salarios mínimos, reflejando las diferencias de los beneficios entre estos regímenes y posibles debilidades del ejercicio de doble asesoría regulado por la ley”, dijo la Contraloría.
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El informe pone serios reparos a la tasa de reemplazo del Sistema General de Participaciones, frente al cual sostiene que los fondos públicos manejan tasas mucho más elevadas que los privados y, en particular, han sido más elevadas para los rangos salariales más altos, afectando la población ad portas de pensionarse o pensionada.
Pensiones
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“La reforma pensional, al igual que la laboral, no cuenta con políticas específicas para mejorar la afiliación y cotización de la ciudadanía en las regiones, pues en 23 de los 32 departamentos de Colombia los porcentajes de pensionados de su población son inferiores al 10%, lo que marca la brecha entre la discusión por los derechos y la materialización de estos en la realidad nacional”, dice el reporte.
Frente a la sostenibilidad financiera, la Contraloría llamó la atención por el costo proyectado de la reforma, el cual muestra un acelerado crecimiento al pasar de un Valor presente Neto (VPN) en 2070 del 73,57% del PIB a un VPN en 2100 del 126%. Eso sí, dejando claro que a lo largo de las primeras cuatro décadas de la reforma el efecto fiscal de los pilares semicontributivo y contributivo es nulo frente al escenario sin reforma, etapa a partir de la cual comenzarían a observarse los efectos de la misma.
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Colpensiones también fue mencionada dentro de estos llamados, ya que dice que “se amerita una revisión a su diseño organizacional y capacidad operativa, administrativa y tecnológica en temas como, por ejemplo, las solicitudes relacionadas con historias laborales (769.149 solicitudes de corrección entre agosto de 2022 y septiembre de 2023, de las cuales 19.105 solicitudes no tuvieron contestación oportuna)”.
También frente “al reconocimiento de pensiones (412.506 peticiones radicadas en el mismo periodo, donde a septiembre de 2023 el 40,6% de éstas superó los términos legales), dificultades que se han evidenciado también en los ejercicios de auditoría realizados previamente por la CGR”.
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En este sentido recomienda que “se debe examinar la posibilidad de unificar la entidad a cargo del pilar solidario y de otros subsidios otorgados por el Estado en aras de lograr eficiencia administrativa y uso de capacidades desarrolladas, entre otras”.
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