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En respuesta a los recientes hechos de violencia en Cauca, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha respaldado las medidas adoptadas por al comunidad indígena en Cauca. Específicamente las del Plan de Vida Proyecto Nasa en el municipio de Toribío, en colaboración con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).
Estas acciones tienen como objetivo principal “defender la vida” frente a las agresiones perpetradas por grupos armados ilegales. Incluyen el control territorial, la administración de justicia para los responsables de las violaciones, y la eliminación de cualquier propaganda alusiva a estas organizaciones armadas.
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La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reafirmó su condena a los ataques recientes contra el pueblo indígena nasa, que incluyeron disparos indiscriminados, el asesinato de la mayora Carmelina Yule Pavi y el reclutamiento de menores. Además, la organización destaca que el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, sobre todo de las poblaciones más vulnerables.
En este contexto, la ONU hace un llamado al Estado para asegurar la implementación de estrategias de defensa de la vida y adoptar planes de contingencia en colaboración con las autoridades indígenas locales. También ofrece su apoyo técnico tanto a las autoridades estatales como a los pueblos indígenas en sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos.
En un esfuerzo conjunto por proteger a la juventud indígena de la región, la comunidad del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) informó que lograron el rescate de las dos menores de edad que habían sido manipuladas y engañadas para integrarse a grupos armados en la mañana del 19 de marzo. Estas acciones se llevaron a cabo con apoyo de la Minga, que es el movimiento de resistencia y acción comunitaria que se encarga de la defensa de la población.
Ante la ausencia del apoyo estatal, la situación alarmante alrededor del reclutamiento forzado y el asesinato de una lideresa social por manos de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, el pueblo nasa ha anunciado la implementación de un “plan candado”. Esta estrategia, implica la reactivación de puntos de control en todos los resguardos de la zona. Con la colaboración de la guardia indígena de Tierradentro, buscan enfrentar de manera activa la presencia armada en la región.
Estos esfuerzos se dan en respuesta a situaciones previas que venían ocurriendo en el suroccidente del país. De hecho, José Francisco Cali Tzay, relator especial de la ONU, ya había emitido una alerta sobre derechos de pueblos étnicos el pasado 16 de marzo, advirtiendo sobre los abusos y violencias sufridas por los niños y niñas indígenas a manos de grupos armados ilegales en Colombia.
El informe presentado por Tzay en su visita al país reveló la preocupante realidad del reclutamiento forzado de menores por estas estructuras criminales. Se destacó que los menores, incluso de edades tan tempranas como 6 o 7 años, estaban siendo obligados a unirse a estas organizaciones armadas, violando sus derechos fundamentales y el Derecho Internacional Humanitario.
Naciones Unidas expuso que los niños y niñas eran reclutados temporalmente para ser utilizados como informantes en sus propias comunidades, generando así un quiebre en el tejido social y la confianza dentro de estas poblaciones.
Además, se alertó sobre las consecuencias devastadoras que esto conlleva, incluyendo el rechazo de los menores por parte de sus comunidades tras su liberación, lo que los dejaba en situaciones de vulnerabilidad, incluso conduciéndolos a la indigencia, adicciones o la prostitución.
Tzay expresó su preocupación por el incremento de las tasas de suicidio entre los menores indígenas como resultado de esta presión y desesperación por escapar del reclutamiento.
Ante esta situación crítica, la acción comunitaria y la colaboración internacional se vuelven fundamentales para proteger a los niños y niñas indígenas de Colombia y garantizar un futuro libre de violencia y coerción.
