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El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, removió al fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro y lo retornó a su plaza en Arequipa, de donde había sido traído en la gestión de Patricia Benavides. Ello tras revelarse que dispuso videovigilancia y seguimiento a los periodistas César Romero, de La República, y Juan Carlos Tafur, de Sudaca.
“Dar por concluido el nombramiento del abogado Andy Junior Rodríguez Domínguez, como Fiscal Provincial Provisional Transitorio del Distrito Fiscal de Lima Centro, y su designación en el 5° Despacho Provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, así como las prórrogas de sus vigencias, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación 1728-2023-MP-FN y 3501-2023-MP-FN, de fechas 15 de julio y 15 de diciembre de 2023, respectivamente”, se lee en la resolución 014-2024-MP-FN, publicada este viernes 5 de enero en El Peruano.
La propuesta fue formulada por la fiscal Aurora Remedios Fátima Castillo Fuerman, jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Alegó la “necesidad de reestructurar” el despacho en el que se desempeñaba Rodríguez Domínguez “en el extremo del fiscal provincial”.
Tras removerlo, Villena regresó al fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez al distrito fiscal de Arequipa, en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de dicha jurisdicción.
En reemplazo del cuestionado fiscal, el titular del Ministerio Público nombró a la fiscal Paola Vanessa Charaja Coata, quien venía desempeñándose en la Octava Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María.
Tras revelarse que fiscales ordenaron hacer seguimiento y videovigilancia a periodistas, así como sus familias, la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides negó haber interferido en la labor del fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez.
“Mi condición de fiscal de la Nación y mis convicciones democráticas no me permiten afectar en lo absoluto la libertad de expresión. Las carpetas que manejan los fiscales provinciales son de su exclusiva responsabilidad. En todo caso, los implicados pueden ejercer su derecho de defensa ante esa fiscalía y dentro de la carpeta. Yo no tengo nada que ver ni puedo interferir en nada, bajo pena de incurrir en un delito”, expresó Benavides en una carta notarial dirigida a La República.
Benavides fue quien trajo al fiscal Rodríguez Domínguez desde el distrito fiscal de Arequipa a Lima.
En agosto de 2022, días después de haber asumido el cargo de fiscal de la Nación, Benavides lo nombró en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Meses después, fue incorporado Fiscalía contra el Crimen Organizado para que integre el equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) expresaron su condena al reglaje efectuado por el Ministerio Público a los periodistas César Romero y Juan Carlos Tafur.
“Pone en riesgo el trabajo de los medios y compromete sus fuentes de información”, advirtió el presidente de la SIP, Roberto Rock.
“IPYS condena las acciones de reglaje y chuponeo a periodistas que investigan el accionar del Ministerio Público y exige de inmediato, ante las pruebas publicadas por La República, se investigue y sancione a los responsables de estas órdenes que atentan directamente contra el trabajo de periodistas que fiscalizan el poder político de la justicia”, dijo por su lado el gremio periodístico.
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, asumirá la investigación contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Benavides enfrenta acusaciones por ser presuntamente la cabecilla de una organización criminal en el caso conocido como “La fiscal y su cúpula de poder”. La pesquisa fue autorizada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, mediante la resolución 024-2024-MP-FN, difundida en una edición extraordinaria del diario El Peruano el último viernes.
Villena otorgó competencias a Espinoza para conducir “la investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento de aforados incluidos en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú”, relacionados con la supuesta organización delictiva y delitos conexas a la entonces máxima representante del Ministerio Público. En el documento publicado, Villena se aparta del caso, accediendo a la petición de Espinoza para llevar adelante las acciones correspondientes contra los implicados aforados
