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Ali Bin Samikh Al Marri, ministro de Empleo de dicho país, confirmó que hasta la fecha se han entregado 350 millones de dólares en compensación.
El ministro de Empleo de Catar, Ali Bin Samikh Al Marri, defendió este lunes que su país ya compensa a las familias de los trabajadores migrantes que han muerto o resultado heridos durante los trabajos de construcción para el Mundial de fútbol y negó que sea necesario un fondo específico para ello, como el que le piden diversas organizaciones de derechos humanos.
Al Marri acudió ante la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo para participar en un debate sobre las condiciones laborales de los trabajadores migrantes en el país en la década previa al torneo, después de que una investigación de The Guardian cifrara en 6.500 los fallecidos en esas tareas desde 2010.
El ministro catarí consideró “un deber ético” compensar a las víctimas migrantes, pero dijo estar en contra del fondo sugerido por una coalición de organizaciones de derechos humanos que pedía reservar 440 millones de dólares para compensar a los trabajadores que han sufrido abusos en los últimos años.
Aseguró que su país ya tiene mecanismos para ello y afirmó que desde 2018 se han desembolsado 350 millones de dólares de compensación, por lo que instó a las organizaciones de derechos humanos a “dar nombres” de personas que no la han recibido.
La representante de Human Rights Watch en el debate, la directora de Iniciativas Globales Minky Worden, replicó que tienen “los nombres” de muchas familias de trabajadores muertos que ahora luchan por salir adelante con préstamos usureros porque los 350 millones desembolsados sólo han cubierto salarios no pagados.
Por ello, instó al ministro catarí a “extenderlo retroactivamente” para compensar también a los trabajadores que han sufrido abusos, y advirtió de que “cualquier conversación sobre el legado” del Mundial en el país “será cuestionable sin esa compensación retroactiva”, pese al “impulso positivo” del torneo en su legislación laboral.
Al Marri, por su parte, tildó de “desinformación” las diferentes cifras de trabajadores migrantes fallecidos en el país que han aportado diferentes organizaciones de derechos humanos y pidió regirse por fuentes como la Organización Internacional del Trabajo, cuyo informe más reciente apunta a 50 fallecidos y 500 heridos sólo en el año 2020.
Además, tachó ciertas narrativas opuestas a la celebración del Mundial en su país de “racistas” o “discurso de odio” y aseguró que, una vez se apaguen los focos del torneo, Catar seguirá el camino de las reformas laborales que ha iniciado en los últimos años.
“Es cierto que hay deficiencias en la implementación de estas reformas. Se han llevado a cabo en un periodo corto de tiempo, por lo que es natural encontrarnos con dificultades”, defendió.
La representante de Human Rights Watch criticó también que Catar se convirtiera en sede del Mundial sin que la FIFA examinase las denuncias en el área de derechos humanos y sin garantizar las condiciones de los trabajadores migrantes.
Estos, dijo, tienen derecho limitado a compensaciones y no disfrutan de sindicatos o del derecho a la huelga; violaciones de la legislación internacional “interconectadas” con otros abusos a la prensa independiente, las mujeres o el colectivo LGTBIQ+.
“Las autoridades no han investigado las muertes de miles de trabajadores migrantes, muchas de las cuales han sido calificadas de naturales. La tragedia es que en estos casos, bajo la ley catarí, las familias no reciben compensación”, dijo Worden, que subrayó que, más allá del número de muertes, le preocupa la proporción de ellas que no han sido explicadas ni compensadas.
Las medidas sugeridas por las autoridades cataríes, como un seguro de vida para trabajadores migrantes, son voluntarias y solo se remontan a 2019, denunció la representante de HRW.
Los representantes de la Organización Internacional del Trabajo y de la Confederación Internacional de Sindicatos, por su parte, subrayaron el “progreso tangible” que Catar ha realizado en los últimos años en materia de reformas laborales y, aunque apuntaron a “deficiencias” en la implementación, apuntaron a que cambios de esta escala “requieren tiempo” y ya han beneficiado a cientos de miles de trabajadores.
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