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Justo antes de que el Gobierno Nacional emitiera este fin de semana el Decreto 2497 –que legaliza el descuento de hasta el 50% del precio del SOAT para vehículos como motos, taxis, microbuses urbanos, vehículos de negocio, servicio público urbano, buses, entre otros–, la Procuraduría le notificó una dura alerta al Ministerio de Salud. La procuradora Margarita Cabello advirtió que ese decreto golpea de forma directa el presupuesto destinado al sistema de salud.
“Si disminuye el ingreso por SOAT, disminuirá la protección en salud y le correspondería sacar del presupuesto nacional el cubrimiento de esa siniestralidad y accidentalidades”, aseguró la jefa del Ministerio Público.
Para la funcionaria, esa eventual desfinanciación afecta la salud, los hospitales y el cubrimiento de los accidentes y de las personas siniestradas en hechos que involucran a motocicletas, incluso los que están cubiertos por el SOAT.
Y es precisamente en ese espiral de consecuencias negativas por la rebaja del seguro obligatorio donde está el trasfondo de la alerta –que no solo la hace la Procuraduría, sino también expertos en salud y en movilidad– y su impacto en el sistema de salud y sus finanzas. Dos palabras son claves: evasión y accidentalidad.
Según reportes del Registro Único Nacional de Tránsito, en Colombia hay 17,8 millones de vehículos, de los cuales 10,8 millones (60,67 %) son motos y 7 millones (39,33 %) son carros. De este total del parque automotor, de acuerdo con la Federación de Aseguradores Colombianos, 8,5 millones de vehículos (el 47,75 %) no lo tienen vigente; es decir, su propietario evade el pago.
Y, por otro lado, datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial indican que la siniestralidad en las vías del país se incrementó en un 14,03 %, pues pasó de 5.768 muertes –en 2021– a 6.577 en lo corrido del año 2022.
Estos dos factores crean un escenario perfecto para la desfinanciación, el peor enemigo de cualquier sistema.
El SOAT no cuenta con la totalidad de recursos que debería tener por cuenta de la evasión, pero al mismo tiempo la siniestralidad vial (que debe atenderse en salud con estos recursos) ha incrementado. Entonces, hay más número de accidentes de tránsito que atender, pero con menos recursos que necesita el seguro para estar equilibrado.
Respecto al SOAT, el Gobierno anunció en noviembre que rebajaría su precio en un 50 % y este fin de semana expidió el decreto para llevarlo a cabo; se espera disminuir la evasión de su pago (que está en el 47,75 %), así como facilitar el acceso a este aseguramiento.
Para entender este rollo vale la pena explicar el funcionamiento del SOAT. Es un pago que, como su nombre lo dice, es obligatorio (al menos en el papel) para todas los que tengan algún vehículo que funcione con motor.
Este se obtiene por medio de alguna de las aseguradoras que tienen convenio para hacerlo (como Suramericana, Bolívar o Axxa Colpatria) y, una vez se cancele su valor, tiene vigencia por un año.
Mediante este seguro se protege a los conductores ante posibles accidentes de tránsito en los que puedan haber heridas que requieran atención médica en un centro asistencial. Esos gastos corren por cuenta del SOAT.
Su precio varía dependiendo del modelo del vehículo, del tamaño, de su cilindraje o de su valor comercial, entre otros, para que sea un impuesto progresivo (a mayor nivel de ingresos, mayor será el porcentaje de impuestos a pagar).
¿Y qué tiene que ver esto con el sistema de salud?
Al ente de control disciplinario le preocupan tres aspectos.
El primero, la incertidumbre en la red de prestadores públicos y privados, los que le prestan el servicio de salud a los accidentados; el segundo, las deficiencias de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para hacer auditorías; y, tercero, las conductas restrictivas que afecten al paciente al momento de su atención en un accidente de tránsito.
Así mismo, advirtió que el decreto prevé la disminución de la cobertura de los servicios a cargo de este seguro, pasando de 800 a 300 salarios mínimos para un grupo de categorías de vehículos con rangos diferenciales de riesgos.
La traducción de esto se puede resumir en que, como disminuirán los ingresos del SOAT por la rebaja de su costo, bajará la cantidad de dinero para atender la cantidad de siniestros viales (que han incrementado).
Por ejemplo, cuando a una herida de accidente de tránsito se le acaba el cupo SOAT en la atención médica, los gastos corren por cuenta de su EPS, para la cual el costo de la atención sale de la Unidad de Pago por Capitación (recursos que el Estado da anualmente por cada afiliado al sistema) para cubrir el hueco.
Con todo y eso, además, la UPC para 2023, según la Procuraduría y organizaciones médicas, será insuficiente para mantener el equilibrio financiero, sin contar esta advertencia sobre el SOAT.
De ahí viene el impacto que la decisión de rebajar el costo del seguro obligatorio puede generar en el sistema de salud del país.
¿Qué dicen los expertos?
Si en algo coinciden dos personas de la academia consultadas por EL COLOMBIANO sobre el impacto de esa reducción en el sistema de salud es que será negativo y que ahondará los problemas que ya tiene este y el seguro obligatorio.
Para el investigador en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, Darío Hidalgo, será grave porque “se está bajando la cobertura y algunos heridos necesitan mayores intervenciones y no tendrán cobertura sino hasta el límite que está, o tocaría de otras fuentes”.
De igual manera, el experto en salud y profesor de economía de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, dice que será negativo el impacto, pues “no soluciona nada, solo se está volviendo más barato para que más personas lo paguen, pero no se hace nada para que sea así, como incrementando controles y renovando el registro de los carros. No hay más esfuerzos por ese lado y afectan las finanzas del sector”.
Finalmente, Hidalgo agrega que “la única manera que paguen más es ejerciendo un control estricto con la Policía en las calles o con las cámaras para controlar el pago del SOAT”. Así mismo, Rodríguez se pregunta: “¿De dónde va a salir el dinero para atender accidentes de tránsito? Debería ser de una adición que viniera de la UPC”.
Hasta el cierre de esta edición, el MinSalud no se ha pronunciado sobre esta advertencia. Entre tanto, la cartera de salud tiene una papa caliente que puede traerle muchos aplausos de los grupos de presión que se oponen a que el SOAT suba (como el de los motociclistas), pero, en el fondo y como lo dijo Hidalgo, puede ser “un instrumento equivocado cuando los que más sufren la siniestralidad son los motociclistas”
Según los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el principal actor vial que más víctimas mortales ha dejado en 2022 por accidentes de tránsito son las motos, con el 59,51 %; seguido por los peatones, con el 21,1 %; por los usuarios de automóviles, con el 7,85 %; por los usuarios de la bicicleta, con el 5,5 %; y por los conductores de transporte de carga, con el 2,78 %.
El grupo etario que más víctimas tuvo fue el comprendido entre los 20 y los 30 años, con 1.826 víctimas, de los cuales la mayoría fueron hombres (1.538) y la minoría fueron mujeres (288).
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Periodista con cinco años de experiencia en medios de comunicación.
