Este lunes 17 de junio, la Sala Plena de la Corte Constitucional tiene previsto discutir el futuro de la reforma pensional, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno de Gustavo Petro, que quedó agendada en el primer lugar del orden del día, en el que figuran dos demandas contra la Ley 2381 de 2024, que creó el nuevo sistema de protección social integral para la vejez, la invalidez y la muerte de origen común.
Todo esto, mientras la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez propone declarar inconstitucional la norma por considerar que se cometieron vicios de trámite en su aprobación y la discusión gira en torno a los expedientes D-15989 y D-16004, ambos con ponencia del magistrado Ibáñez.
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Las demandas fueron presentadas, entre otros actores, por la senadora Paloma Valencia, quien sostiene que durante el trámite en el Congreso se omitió el cuarto debate obligatorio en la Cámara de Representantes, ya que según el documento, la plenaria de la Cámara no discutió el articulado, sino que aprobó una proposición para acoger en bloque el texto que venía del Senado, lo que, a juicio del demandante, constituye un vicio de forma que debe llevar a declarar la nulidad de toda la ley.
La ponencia ya había sido presentada por primera vez en febrero de este año, pero el proceso fue suspendido debido a un error interno, dado que la Corte no resolvió oportunamente un impedimento presentado por la magistrada Diana Fajardo, lo que invalidó lo actuado hasta entonces.
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Como consecuencia, el magistrado Ibáñez tuvo que radicar una nueva versión del proyecto de fallo, y el entonces nuevo procurador, Gregorio Eljach, también debió emitir un nuevo concepto del Ministerio Público.
Hay que destacar que el nuevo concepto de la Procuraduría marca un cambio frente a la posición que había sostenido su antecesora, Margarita Cabello y mientras esta última había respaldado la ponencia de inconstitucionalidad, Eljach considera que la reforma pensional sí cumplió con los requisitos legales en su trámite y, por lo tanto, solicita a la Corte declarar exequible la Ley 2381 de 2024.
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Pero el debate no solo tiene componentes técnicos y procedimentales, ya que en un giro llamativo, el magistrado Ibáñez pidió a la Corte Suprema de Justicia, al Juzgado Décimo Penal Especializado de Bogotá y al Centro de Servicios Judiciales, copia del expediente y las pruebas relacionadas con el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Aunque no se ha explicado públicamente cuál es el vínculo directo entre este caso y el trámite de la reforma, la solicitud de pruebas sugiere que la Corte podría examinar si hubo influencia o contexto institucional viciado que haya afectado la legitimidad del proceso legislativo.
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Además de los expedientes sobre la reforma pensional, el orden del día de la Corte Constitucional incluye otros casos sensibles. Uno de ellos es el gravamen a las indemnizaciones por seguros de vida, contemplado en el artículo 303-1 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 2277 de 2022.
La norma fue demandada por considerar que vulnera el principio de equidad tributaria, al tratar como ganancia ocasional las compensaciones económicas por la muerte de un asegurado. Este caso, sin embargo, tiene actualmente los términos suspendidos.
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También figura una demanda contra el artículo 372 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), que derogó normas que impedían a la empresa nacional de interconexión participar en generación y comercialización de energía. Este cambio ha sido criticado por algunos sectores que ven en él una puerta abierta a la concentración de poder en el sector energético.
La decisión que tome hoy la Corte sobre la reforma pensional será determinante no solo para el futuro de esa ley, sino también para el rumbo de la política social del Gobierno Petro, puesto que si el alto tribunal acoge la ponencia de Ibáñez, el Ejecutivo enfrentaría un duro golpe institucional, que lo obligaría a replantear o reconstruir desde cero uno de los pilares de su agenda.
