En medio de los debates sobre cómo mejorar las condiciones laborales de los colombianos y hacer frente a problemáticas como la informalidad o las brechas de género, recientemente se conoció un informe de la Universidad Javeriana, en el cual se volvió a poner sobre la mesa una modalidad que es altamente usada por el Estado, pese a que va en contra de su finalidad de mejorar la estabilidad laboral.
Concretamente se trata de los contratos de prestación de servicios, una modalidad utilizada para vincular a personas que desarrollan actividades que no pueden ser realizadas por empleados de planta y que si bien sirve como una forma para obtener mano de obra sin grandes cargas parafiscales, genera controversias, ya que a menudo se utiliza para encubrir relaciones laborales permanentes.
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En diálogo con Portafolio, Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana y una de las autoras del informe, explicó que hoy en día existen diversas formas de vinculación con el Estado, reguladas principalmente por la Constitución de 1991 y la legislación laboral y que en ellas se establece el concepto de “servidor público”, que se estaría usando para generar contratos indebidos.
“Estas personas se clasifican en miembros de corporaciones públicas, empleados públicos, trabajadores oficiales, aquellos que se rigen por derecho privado, y supernumerarios. Cada tipo de vinculación tiene características particulares, que van desde la carrera administrativa hasta contratos temporales o por derecho privado”, sostuvo Morad.
Casa de Nariño
Cuentapropistas
Dicho de una forma simple, al recurrir a los contratos de prestación de servicios u OPS, como también se les conoce, en algunas ocasiones se imponen requisitos como cumplir un horario o que se acepte una subordinación directa; cuando para esto se necesita un contrato formal, violando sus derechos.
“La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado que, cuando estos contratos encubren relaciones laborales reales, los derechos de los trabajadores son vulnerados, ya que no reciben las prestaciones sociales correspondientes. Además, el artículo 53 de la Constitución y tratados internacionales ratificados, como el “Protocolo de San Salvador”, exigen que los trabajadores gocen de condiciones laborales justas”, agregó.
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Lo preocupante es que si bien se han dado muchos debates al respecto y el Gobierno Nacional ha dicho en repetidas ocasiones que está comprometido con restringir el uso de las OPS, la realidad muestra que esta problemática viene creciendo desde hace años y tiene a las mujeres como las más afectadas.
“Para ejemplificar mejor esta problemática, vamos a hablar de los cuentapropistas, categoría en la que entran las personas que tienen contrato de prestación de servicios o prestan servicios sin contrato en favor del Estado. No usamos únicamente contrato de prestación de servicios porque dejamos a muchos otros por fuera que ni siquiera tienen contrato o que tienen un vínculo muy informal con el Estado”, dijo Juliana Morad.
Contrato laboral
Estos investigadores analizaron la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2020 a 2024, comparando las condiciones de los trabajadores del sector privado, los empleados públicos que tienen un vínculo reglamentario o laboral con el Estado, y los contratistas en sectores estatales como salud, defensa y administración pública.
“Encontramos que, por ejemplo, el número de cuentapropistas en el Estado ha aumentado un 44%, lo que refleja un crecimiento continuo en sectores clave como la administración pública, la educación y la salud”, dijo Juliana Morad.
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Dicho de otra forma, esta categoría pasó de 503.000 a 723.000 trabajadores en los últimos cuatro años, con incrementos notables en áreas clave como la salud, donde el número de empleados bajo esta modalidad aumentó un 54,7%, al pasar de 197.000 en 2020 a 304.000 en 2024, reflejando la creciente demanda de personal en este sector.
La administración pública también ha mostrado un crecimiento significativo en la contratación de cuentapropistas, con un aumento del 45,3%, alcanzando los 247.000 trabajadores en 2024; mientras que en el sector educativo, el incremento ha sido del 26%, llegando a 172.000 empleados.
“¿Debemos cambiar esto? La pregunta cobra relevancia, especialmente cuando se trata de un sistema que perpetúa el uso de contratos temporales como una herramienta política para garantizar votos. ¿Qué tan dispuesto está el Estado a modificar esta situación, cuando en muchos casos este mecanismo beneficia a las estructuras de poder y, en última instancia, se traduce en votos?”, cuestionó esta experta en mercado laboral.
Mujeres empresarias
Mujeres y Estado
La otra cara de esta moneda, revelada por el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, es que las mujeres son las más afectadas por este flagelo, pasando muchas veces por encima, incluso, de realidades como tener un mejor perfil profesional que los hombres o estar mejor capacitadas para aspirar a grandes cargos.
“El crecimiento del empleo cuentapropista en el sector público ha estado liderado por las mujeres, cuyo número ha aumentado un 46,6% en los últimos cuatro años. En 2020, había 313.000 mujeres trabajando bajo esta modalidad, cifra que en 2024 alcanzó las 459.000. Este incremento refleja una mayor presencia femenina en sectores estratégicos como la salud, donde el número de trabajadoras pasó de 150.000 a 230.000, un alza del 52,9%”, destacó el informe.
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Así mismo, en la administración pública, el crecimiento del empleo femenino ha sido aún más pronunciado, con un aumento del 57,5%, pasando de 85.000 a 133.000 trabajadoras y en educación, el número de mujeres cuentapropistas creció un 22,5%, llegando a 96.000 en 2024; lo que para ellos evidencia el papel clave que desempeñan las mujeres en la expansión del trabajo independiente dentro del sector público.
Según Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, es posible que las mujeres sean las principales afectadas por este fenómeno debido a las múltiples barreras que enfrentan en el acceso al mercado laboral; que en últimas las llevan a aceptar cualquier tipo de contrato, sin mucha capacidad de negociación, mientras que los hombres suelen tener mejores condiciones para negociar su ingreso al mercado laboral.
“Porque hacemos roles de cuidado, porque estamos en profesiones que pagan menos, etc. Entonces para nosotras es más fácil aceptar cualquier trabajo. Mientras que los hombres sí pueden tener un mayor nivel de negociación para entrar al mercado. Y eso es porque sucede por las barreras que tenemos las mujeres al momento de entrar al mercado laboral”, infirió la investigadora.
Por último, si bien el impacto de la contratación por cuenta propia en el sector público varía según la región, las condiciones más críticas están en La Guajira, Sucre y Chocó, mientras que en la región Caribe, la informalidad laboral supera el 80% en las mujeres. Para el caso del Chocó, la falta de oportunidades hace que el empleo estatal, aunque precario, sea una de las principales fuentes de ingresos para las mujeres.
