El retraso en la creación de un fondo de 2.000 millones para los municipios obliga a acudir a la vía administrativa.
Después de meses de espera y sin visos de que el Estado vaya a cubrir a corto plazo las pérdidas de la plusvalía, el Ayuntamiento de Zaragoza acordó ayer presentar una reclamación patrimonial para que se le compensen un total de 51,8 millones de euros. Es la estimación que se ha hecho del descenso de recaudación causado por las distintas sentencias judiciales contra este controvertido impuesto.
Para entender lo ocurrido con la plusvalía hay que remitirse a 2017. En mayo de ese año, el Constitucional decidió que este tributo, que grava las operaciones de compraventa y las herencias de propiedades inmobiliarias, no se podía cobrar si se producía una pérdida de valor. A esa decisión se sumó otra sentencia de 2019, por la que no había que pagar el tributo cuando la cuota superara la ganancia obtenida por el contribuyente. Finalmente, el pasado mes de octubre el Constitucional anuló el sistema de cálculo de la plusvalía y puso en jaque el sistema de financiación local.
Y el municipalismo se levantó en armas para que se cubrieran las pérdidas millonarias de financiación. En medio de un aluvión de reclamaciones, el Ayuntamiento de Zaragoza lleva ya este año más de 16 millones de euros devueltos a los contribuyentes. La concejal de Hacienda, María Navarro, explicó que la decisión se adopta a la espera de que el Gobierno de España habilite un fondo de 2.000 millones de euros para cubrir las mermas de recaudación de plusvalías.
Esta fue la reclamación que hicieron los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que con el acuerdo de todos los partidos propuso una enmienda para incluir una disposición adicional en este sentido en la reforma de la ley de Haciendas Locales. No obstante, la modificación de la normativa está bloqueada en el Congreso con constantes ampliaciones de plazo que están desesperando a las ciudades. Es más, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no prevén compensar la plusvalía.
La inactividad legislativa es precisamente uno de los argumentos de la reclamación patrimonial. Para evitar quedarse sin plazo de recurso, que expira en principio mañana, Zaragoza abre la vía administrativa para lograr que se compensen anulaciones y devoluciones del impuesto. De los 51,8 millones de euros que reclama la ciudad, 40,4 ya han sido anulados o devueltos de forma efectiva. A esta cifra hay que sumar 7,9 millones pendientes de regularizar a 15 de noviembre de este año y 3,5 millones corresponden a autoliquidaciones ‘a cero’ que no se habían regularizado antes de la sentencia del Constitucional, dictada el 26 de octubre de 2021.
No es la primera ciudad que lo hace, dado que Valencia, Madrid y Salamanca ya han dado el paso, mientras se lo piensan Málaga, Sevilla y otros ayuntamientos. «Siempre hemos dicho que tenemos que defender los intereses de Zaragoza por encima de todo», explicó la concejal de Hacienda, que sostuvo que los ayuntamientos «no pueden soportar estas pérdidas por falta de previsión estatal».
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