Tras la recusación al magistrado Jorge Enrique Ibáñez y el impedimento que él presentó, el proceso pasó a manos de la jurista Paola Meneses, presidenta del Alto Tribunal, quien no ha rendido ponencia sobre la exequibilidad o no de la Ley 2381 de 2024. Los términos están suspendidos de cara al plazo para que se emita el fallo
